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Seguirá investigación contra funcionarios de OPB

Seguirá investigación contra funcionarios de OPB

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco mantendrá las investigaciones al interior de la presente administración, respecto a la cual algunos regidores han interpuesto denuncias ante ese órgano de control, afirmó María Hadad Castillo.

La regidora añadió que al menos seis funcionarios pertenecientes a la administración municipal de Otoniel Segovia Martínez, han sido separados de su cargo por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, desde que interpusieron las primeras denuncias.

Si bien, apenas la semana pasada interpusieron nuevas denuncias ante la Contraloría Municipal faltan 10 días para concluir la presente administración, la concejal confía en que las querellas sigan su curso, ya que tienen una vigencia legal y procesal de hasta seis años.

Hadad Castillo recordó que la última denuncia presentada en contra del aún munícipe de Othón P. Blanco fue por el presunto manejo irregular de más de 100 millones de pesos y adelantó de la existencia de otras más, sin embargo, se reservó detallarlas para evitar poner sobre alerta a los funcionarios municipales eventualmente implicados y que estos se amparen retrasando el proceso de investigación.

“Son muchas más las denuncias presentadas, sin embargo, hay que recordar que de acuerdo con la ley, pues son hasta seis o siete años dependiendo de la gravedad de la falta administrativa o delito para que los funcionarios puedan ser investigados y sancionados. Es decir, no porque termine la administración municipal, ya no va a ocurrir nada, al contrario, es probable que la velocidad de las investigaciones se intensifique todavía más”, estimó.

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Hadad Castillo aseguró que, de igual forma, la sindicatura municipal ha presentado denuncias de carácter penal, incluso en contra de la administración pasada de Luis Torres Llanes y María Luisa Alcérreca, esta última tras tomar el cargo que dejó Torres Llanes.

Empero, no adelantó información de esas querellas ante la secrecía que la Fiscalía General del Estado (FGE) guarda sobre ellas.

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