El sector productivo inmobiliario de Cancún ha encendido las alarmas ante una serie de iniciativas y propuestas en las leyes de arrendamiento y hacendaria que podrían obstaculizar la inversión y fomentar la corrupción. Patricia Mora, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios de Cancún (AMPI), instó a los legisladores a analizar detenidamente estas propuestas, señalando el riesgo que representan para el sector.
Mora hizo referencia a una iniciativa reciente en la ley de arrendamiento que busca extender el plazo para iniciar un juicio de desalojo de dos a tres meses. Esta modificación dejaría desprotegidos a los arrendadores y otorgaría un mayor margen de acción a las redes delictivas que aprovechan esta situación. Reconoció que el modus operandi de estas redes implica dejar de pagar el alquiler y esperar hasta que la ley les permita desocupar la vivienda sin consecuencias.
La líder del sector también destacó la preocupación por la modificación en la ley hacendaria, que coloca cualquier desarrollo en manos de peritos valuadores del estado. Esta medida, considerada ambigua y mal planteada, podría retrasar las inversiones e incluso provocar una oleada de amparos. En Quintana Roo, donde se realizan miles de operaciones inmobiliarias al año, esta doble valuación representa un riesgo para la inversión.
El Observatorio Legislativo Ciudadano ha interpuesto una solicitud de inconstitucionalidad contra esta modificación, enfatizando el riesgo que representa para la inversión y la propiedad privada en el estado. Es crucial que los legisladores trabajen con expertos y analicen a fondo estas iniciativas para evitar consecuencias negativas para el sector inmobiliario y la economía en general.
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