La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varias facultades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO), estableciendo límites al uso de técnicas de investigación invasivas y regulando la competencia en materia de vigilancia estatal.
Esta decisión abre un nuevo capítulo en el control de las atribuciones de los órganos de justicia local frente a la normativa federal. SCJN invalida atribuciones a la FECCQROO.
El alcance de la decisión de la SCJN
El pleno de la SCJN analizó la acción de inconstitucionalidad 29/2025. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la promovió contra diversos artículos de la Ley Orgánica de la FECCQROO. Entre las disposiciones impugnadas se encontraba la facultad para solicitar la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización en tiempo real, sin que estuvieran debidamente definidas sus condiciones ni responsables.
El proyecto presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García advierte que el Congreso local invadió competencias del Congreso de la Unión al legislar en materia penal y definir medios de apremio sin respetar los criterios federales.
SCJN invalida atribuciones a la FECCQROO: qué resultó inconstitucional
La sentencia establece que la fiscalía local no podrá delegar facultades de intervención de comunicaciones ni requerir geolocalización sin un mandato claro de delitos graves o situación de urgencia. En consecuencia, la FECCQROO pierde la capacidad de actuar de forma autónoma en esas áreas sin supervisión de los órganos competentes.
Siendo así, la medida responde a que la ley del estado permitía que dichas acciones se ejercieran con discrecionalidad, lo que ponía en riesgo la privacidad y vulneraba los derechos fundamentales, según el proyecto de la SCJN.
Un debate más amplio sobre competencias locales y federales
Mientras tanto, el fallo plantea una discusión mayor sobre la configuración de los Ministerios Públicos en los estados y sus límites operativos. Al intervenir la SCJN y limitar facultades locales, se refuerza la idea de que la legislación en materia penal y de investigación debe ajustarse al marco constitucional federal.
Este escenario también amplía la discusión sobre cómo los estados pueden establecer fiscalías especiales sin infringir el reparto de competencias establecido en la Constitución. El impacto en el caso de Quintana Roo podría servir como precedente para otras entidades federativas.
Repercusiones e implicaciones
Con la resolución, se espera que la FECCQROO revise sus protocolos de actuación y que los patrones estatales de vigilancia adopten estándares más rigurosos. Funcionarios estatales anticipan ajustes a la ley transgredida y posibles desafíos de legitimidad en investigaciones previas que utilizaron las atribuciones invalidadas.
La SCJN invalida atribuciones a la FECCQROO en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas ganan prioridad en la agenda nacional. Organismos de derechos humanos y defensores civiles celebran el fallo como un avance en la protección de garantías individuales.
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