La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aceptado la demanda de controversia constitucional presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJ) en contra de la gobernadora, Mara Lezama, la Décimo Séptima legislatura, la Secretaría de Gobierno, los ayuntamientos y el Periódico Oficial del Estado por la aprobación y publicación del decreto 007.
Esta medida permitiría al Poder Ejecutivo reducir los presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos, lo que violaría la autonomía de estos órganos.
El expediente número 27/2023 interpuesto por el poder judicial del estado de Quintana Roo argumenta que el Decreto 007 viola diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, especialmente los preceptos 67 y 109. La demanda de controversia también alcanza a la secretaria de Gobierno, al director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y a los Municipios. El Decreto 007 fue promulgado el seis de diciembre de dos mil veintidós.
Reforma pensada para quitar candados y lograr austeridad
Tras la presentación de la reforma constitucional por parte de la gobernadora Mara Lezama, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, expresó su postura al señalar que la medida propuesta por el ejecutivo no permitiría ahorros significativos en el gasto corriente, al disminuir salarios de los magistrados. Dijo que la reducción de los salarios de los magistrados no tendría un Impacto en el pago de la deuda estatal.
Cebada Rivas señaló que la labor de quienes forman parte del poder judicial es diferente a los temas de la política. Incluso, señaló que desde el 2015 se había pospuesto la homologación salarial de los trabajadores del poder judicial. Advirtió, sin embargo, que el Poder Judicial implementaría sus propias acciones de ahorro y austeridad a las que fueron convocados por la gobernadora Mara Lezama.
La decisión de la SCJN de admitir la demanda de controversia constitucional interpuesta por el TSJ de Quintana Roo contra el Decreto 007 refleja las preocupaciones acerca de la autonomía de los Poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos en el estado. La controversia podría tener implicaciones significativas para el futuro de la política en Quintana Roo y el país en general.
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