La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, Cristina Alcérreca, explicó que es deber de los ayuntamientos y no del Congreso del estado iniciar los procesos de revocación de concesión del servicio de agua potable de la empresa Aguakan en donde la consulta resultó vinculatoria.
Por lo que no es el congreso sino los ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos las instancias que deben iniciar el proceso de revocación tras vinculante la consulta popular realizada el 5 de junio.
Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en la Décimo Séptima legislatura, Cristina Alcérreca Manzanero.
Enfatizó que es competencia netamente de los ayuntamientos porque el Congreso solamente intervino para validar el tiempo de la concesión otorgada a Aguakan, ya que excedía el período de la autoridad municipal en su momento.
Es cierto que cuando las concesiones rebasan el tiempo de una autoridad municipal es el Congreso del Estado quien las ratifica, “pero es un tema del ayuntamiento porque cuando no pueden proporcionar el servicio, en este caso de agua potable, pueden firmar convenio con el Estado y este a su vez lo hizo con la empresa Aguakan”.
Afirmó que el resultado de la consulta ciudadana que resultó vinculatoria en dichos municipios implica únicamente que, dado el caso cuando se genere otra concesión si excede el tiempo del ayuntamiento, el congreso determine si se ratifique o no.