Organizaciones civiles y ambientalistas de Quintana Roo solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una revisión integral del actuar de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado (SEMA), encabezada por Óscar Rébora Aguilera, por presuntas irregularidades en los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). En un pronunciamiento público, los colectivos denunciaron prácticas de opacidad, invasión de competencias federales y el uso de criterios restrictivos que, aseguran, han inhibido sistemáticamente la participación ciudadana.
De acuerdo con las organizaciones firmantes, la SEMA habría dejado sin respuesta efectiva más de un centenar de solicitudes de consulta pública relacionadas con proyectos con posible impacto significativo en selvas, humedales y zonas costeras de Quintana Roo. Sostienen que, mediante formalismos excesivos y “interpretaciones maliciosas” de la legislación estatal, la dependencia ha evitado abrir procesos de consulta incluso en casos donde la legislación ambiental lo permite o lo exige de manera expresa.
Los colectivos acusan además que la SEMA habría asumido la evaluación de proyectos que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), corresponden a la autoridad federal, lo que a su juicio implica una invasión de competencias de Semarnat. También advierten que, en coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal, la secretaría estaría realizando inspecciones y tareas de vigilancia sobre obras y actividades que deberían ser supervisadas por la Federación.
En su petición, las organizaciones demandan a Semarnat revisar uno a uno los expedientes de autorizaciones ambientales emitidas por SEMA, particularmente aquellas en las que no se abrió consulta pública o se negaron solicitudes ciudadanas de información y participación. Plantean que, de confirmarse irregularidades, se ordene la corrección de los procedimientos, se restituyan los derechos de participación de las comunidades y se delimiten con claridad las atribuciones estatales y federales para evitar nuevos conflictos de competencia.
A la par de las críticas por el manejo de los asuntos ambientales, el titular de SEMA, Óscar Rébora Aguilera, arrastra polémicas por su conducta pública en redes sociales. En octubre de 2025, el funcionario difundió en sus perfiles de Facebook e Instagram una fotografía de perfil en la que aparece realizando un gesto obsceno, con el dedo medio levantado, lo que fue interpretado por usuarios como un insulto hacia la ciudadanía. La imagen, que estuvo disponible varias horas, fue eliminada y sustituida por otra fotografía, sin que Rébora ofreciera una explicación pública detallada sobre el mensaje que pretendía enviar.
Colectivos y usuarios de redes cuestionaron entonces la ética, el criterio y la idoneidad del funcionario para encabezar la política ambiental del estado, señalando que el gesto contrasta con el discurso oficial de un gobierno que se presenta como “humanista” y con “corazón feminista”. La polémica se reaviva ahora, al ser retomada por organizaciones que, en su pronunciamiento, aluden a ese episodio como muestra de falta de respeto hacia la sociedad y de una actitud soberbia frente a las críticas.
El escrutinio sobre Rébora Aguilera también se extiende a señalamientos de violencia sexual que se hicieron públicos en 2022 y 2023, cuando una mujer identificada como Nadia “N” lo denunció penalmente por presunta violación. De acuerdo con la Fiscalía General de Quintana Roo, la carpeta de investigación fue enviada a ejercicio de no acción penal, al considerar que no había elementos suficientes para proceder, aunque la presunta víctima mantiene el derecho de impugnar esta determinación ante los jueces.
La denunciante ha expuesto en entrevistas su relato sobre los hechos, que habrían ocurrido en septiembre de 2022, en un contexto de cercanía personal con el entonces subsecretario de Ecología, y ha acusado a las autoridades ministeriales de realizar una investigación deficiente y sesgada. En contraste, voces cercanas al funcionario y algunos abogados consultados por medios locales sostienen que la denuncia presentó inconsistencias y que la decisión de la Fiscalía de no ejercer acción penal se debió a criterios estrictamente jurídicos, no a instrucciones políticas.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han retomado el caso para exigir que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, independientemente del cargo o posición política del acusado. Señalan que la combinación de un expediente de presunta violación resuelto sin acción penal, junto con conductas públicas consideradas misóginas o agresivas, como la difusión de señas obscenas en redes, requieren un escrutinio particularmente riguroso sobre la permanencia de Rébora al frente de la dependencia ambiental.
En este contexto, las organizaciones ambientales que impulsan la revisión a SEMA sostienen que la opacidad en las autorizaciones de impacto ambiental, la falta de consultas públicas y las controversias personales del titular se entrelazan y dañan la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger el territorio y los derechos de las comunidades. Por ello, llaman a Semarnat y al gobierno de Quintana Roo a responder con transparencia, ordenar auditorías exhaustivas a los procedimientos ambientales y garantizar que las acusaciones de violencia de género se atiendan con perspectiva de derechos humanos y sin impunidad.