CHETUMAL.- El uso de 33.6 millones de pesos es lo que hasta el momento el Congreso local de Quintana Roo no ha podido justificar ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF), mismo que fueron manejados por la extinta Gran Comisión en 2018, que encabezó Eduaro Martínez Arcila.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene en la mira a este Poder Legislativo dado que esa cantidad fue pagada por concepto de nómina durante el último año de Martínez Arcila.
Y es que en abril pasado, el órgano de fiscalización emitió un pliego de observaciones contra el Congreso del Estado porque, a pesar de que se trata de pendientes en la cuenta pública 2018, la administración de Gustavo Miranda García no subsanó las aclaraciones solicitadas, publicó en su portal Novedades de Quintana Roo.
De acuerdo a la auditoría 1750, en 2018, la Gran Comisión gastó 315.98 millones de pesos en el capítulo 1000, cantidad que superó en 33.6 millones al presupuesto anual autorizado.
Lo anterior fue notificado al Presidente de la Mesa Directiva, Gustavo Miranda García, el 20 de febrero de 2020.
Sin embargo la actual legislatura no emitió las justificaciones, por lo que la ASF determinó que no se atendió la solicitud de aclaración identificada con el número 2018-G-23000-19-1750-03-001, por lo que este determinó sustituir la acción por un pliego de observaciones.
“Para que el H. Congreso del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 33,611,432.74 pesos por concepto de incremento del capítulo 1000 ‘Servicios Personales’, respecto a la asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018”, señala el oficio OAESII/PO-38/2021 enviado al propio Martínez Arcila.
Aún que al interior del Congreso se menciona que ya fue atendido el asunto, el Poder Legislativo no ha dado a conocer los oficios correspondientes a la recepción y aceptación de su aclaración ante la ASF.
En tanto, el Sistema de Información Pública de la auditoría federal señala que están pendientes las aclaraciones solicitadas por 33.6 millones de pesos.
Cabe mencionar que el 30 de septiembre se emitirá el informe sobre el estado que guardan dicha aclaración y si la justificación del Congreso fue aceptada.