El director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar Urrutia, ha reconocido que la plataforma Uber puede operar en Quintana Roo, pero ha señalado la necesidad de que los diputados de la Décimo Séptima legislatura aborden el vacío legal que existe en la ley. Actualmente, las plataformas de servicio de transporte de pasajeros no están reguladas y tampoco está prohibido su funcionamiento en el estado.
Durante una entrevista en el congreso del estado, donde se encontraba para trabajar en las reformas a la ley de movilidad con la Comisión de Movilidad, Alcázar Urrutia ha afirmado que los conductores de Uber tienen derecho a solicitar un juicio político, pero ha justificado que las declaraciones que fundamentan esta petición las hizo antes del amparo otorgado por la justicia federal.
Además, el director del Inmoveqroo ha destacado la importancia de atender el ordenamiento judicial en el que se otorgó el amparo a Uber para homologar la ley de movilidad con la federal. Ha subrayado que no se puede esperar a tener una nueva ley, ya que tardaría al menos un año, y que es urgente atender este asunto.
En cuanto a la subsecretaría de Gobierno, Erika Castillo Acosta, Alcázar Urrutia ha negado su participación en el conflicto entre taxistas y Uber. Asimismo, ha justificado el cobro del 2% que se pretende aplicar a quienes presten el servicio de transporte a través de plataformas, señalando que el dinero recaudado será destinado a un fondo para infraestructura.
En conclusión, el director del Instituto de Movilidad ha destacado la importancia de regulaciones claras en la ley de movilidad para evitar conflictos y garantizar la seguridad de los usuarios.
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