La asociación civil Defensa por el Derecho a un Medio Ambiente Más Sano (DMAS) presentó una denuncia formal ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo, encabezada por Reyna Arceo Rosado, por la contratación de Ari Adler como presidente del grupo Royal Caribbean para México.
La organización argumenta que esta designación podría constituir una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, debido a que Adler se desempeñaba recientemente como director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin), organismo encargado de promover inversiones en la entidad.
La denuncia fue presentada este jueves y plantea que existe un posible conflicto de intereses derivado de la transición directa de Adler desde un cargo público relacionado con la atracción de inversiones hacia una posición dentro de una empresa privada que mantiene proyectos de gran escala en Quintana Roo.
Señalan posible uso de información privilegiada
De acuerdo con la organización denunciante, la contratación podría implicar el uso de información privilegiada obtenida durante su gestión como servidor público.
DMAS señaló que, al haber estado al frente del Idefin, Ari Adler tenía acceso a información estratégica sobre proyectos de inversión, planeación económica y desarrollo turístico del estado, lo que podría representar una ventaja para la empresa naviera que ahora lo incorporó a su estructura directiva.
La organización considera que esta situación podría vulnerar los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad que deben regir el servicio público.
Ley establece restricciones para exservidores públicos
La Ley de Responsabilidades Administrativas de Quintana Roo establece que un servidor público no puede ser contratado de manera inmediata por una empresa privada durante el año posterior a la conclusión de su cargo si posee información privilegiada obtenida en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el marco legal, esta restricción busca evitar que la información obtenida dentro del servicio público sea utilizada para beneficiar a empresas privadas o generar ventajas competitivas frente a otros actores del mercado.
El documento también establece que, en caso de comprobarse una irregularidad, tanto el exservidor público como la empresa que lo contrate podrían ser sujetos a sanciones administrativas.
Contratación ocurrió días después de su renuncia
El caso cobró relevancia luego de que Royal Caribbean anunciara, a través de un comunicado oficial, la incorporación de Ari Adler como presidente del grupo para México el pasado 29 de agosto de 2025.
Según la información difundida por la compañía, Adler también sería responsable de impulsar diversos proyectos estratégicos de la empresa en el estado, entre ellos el desarrollo del proyecto turístico Perfect Day en Mahahual y otras iniciativas en la isla de Cozumel.
Sin embargo, la organización denunciante subrayó que este anuncio se produjo apenas 16 días después de que Adler presentara su renuncia al cargo de director del Idefin ante la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Piden investigar posible conflicto de intereses
Ante esta situación, DMAS solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrir una investigación para determinar si la contratación se realizó en apego a la ley o si existió alguna irregularidad administrativa.
La organización pidió que se revise si durante su gestión como funcionario público Ari Adler tuvo acceso a información que pudiera beneficiar directamente a Royal Caribbean o a sus proyectos turísticos en el Caribe mexicano.
El caso ahora queda en manos de las autoridades estatales, quienes deberán analizar los elementos presentados en la denuncia para determinar si existe responsabilidad administrativa o conflicto de intereses en la contratación del exfuncionario.
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