Pone Auditoria Superior de la Federación ojo al Cochinero en DIF Quintana Roo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió expedientes para castigar a los responsables de entrega de despensas a fallecidos y millonarios contratos y desvíos de recursos en medicinas y alimentos.

La Auditoria Superior de la Federación, no solamente encontró que el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entrega despensas a los fallecidos, sino que evidenció decenas de graves irregularidades que se encuentran con sus respectivas demandas o que se tuvieron que solventar devolviendo el dinero a la Tesorería de la Federación.

Así que según esta auditoría encontró 608 despensas a muertos; 2 248 Claves Únicas de Registro de Población no encontradas; 2 millones 121 mil 026 pesos desaparecidos de Alimentación y Desarrollo Comunitario; entrega de millonarios contratos por asignación directa a empresas que no cumplen los requisitos legales como los 32 millones para desayunos escolares; la supervisión de obras es deficiente o nula y hay recursos que no se invierten; 5 millones 230 mil pesos para medicinas y servicios hospitalarios que no llegan a los presuntos beneficiados; apoyos que desaparecen, por todo lo cual hay varios expedientes abiertos para castigar a las y los que resulten responsables.

Según el informe de la ASF, el DIF del Estado de Quintana Roo “otorgó a 102 personas que se encontraron en la base de datos como decesos de ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal 2023, un total de 608 despensas y cuyo monto ascendió a 352.7 miles de pesos.”

El entregar despensas a personas no solamente inexistentes, sino que están oficialmente muertas, es un problema grave, por lo que los auditores obligaron al Sistema DIF Quintana Roo a aclarar la entrega de despensas. Rápidamente reportaron que una persona que se encontró con vida por un monto de 6,826.65 pesos; y tuvieron reintegrar a la Tesorería de la Federación 346 mil 547 pesos. Además se integró el expediente número SECOES.SFSIOPAS.CGIAOPAS.CIADIB.ASF.3S.5.1.0017/2024, para que se castigue a los que resulten responsables y entorpecen la labor de  Verónica Lezama, titular de la institución.

Pero hubo muchas irregularidades y se buscaron cubrir la alteración de los padrones de beneficiarios de los programas alimentarios y de asistencia social realizados por el DIF, por no coincidir con la base de datos del Registro Nacional de Población. Por lo cual se comprobó que 1,153 Claves Únicas de Registro de Población se identificaron con estructura incorrecta y 1,095 con estatus de no encontrados; además, no se acreditó que se contara con un convenio con la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad para efectuar las confrontas con las Claves Únicas de Registro de Población, para asegurar que los datos de los beneficiarios fueran correctos. Razón por la cual se realizó la recomendación 2023-A-23000-19-1730-01-003 para que se garantice el cumplimiento de los objetivos del fondo.

La Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, realizó visitas al DIF, de las cuales se establecieron compromisos; sin embargo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo no acreditó el avance en el cumplimiento de los compromisos y acuerdos pactados. Sobre este asunto se integró el expediente número SECOES.SFSIOPAS.CGIAOPAS.CIADIB.ASF.3S.5.1.0015/2024. Se determinó que se devolvieran recursos por un monto por 2 millones 121 mil 026 pesos, a lo que sumaron la cargas financieras que generaron.

Además hay montos multimillonarios que el DIF entregó por medio de lo que se conoce como adjudicación directa por excepción de ley (es decir entregada a los amigos con total cinismo), a los proveedores Suministros MYR, S.A. de C.V., y Alimentos y Servicios Integrales Alservi, S.A. de C.V., la adquisición de insumos alimentarios para el otorgamiento de desayunos escolares y el suministro de despensas por un monto de 26 millones 096 mil de pesos y 6 millones 795mil pesos mediante los contratos números 19/2023 y 20/2023, respectivamente; sin embargo, la ASF encontró que los dictámenes emitidos incluyeron como excepción de ley la adjudicación directa por tratarse de bienes perecederos que no correspondió a la excepción autorizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrándose el expediente número SECOES.SFSIOPAS.CGIAOPAS.CIADIB.ASF.3S.5.1.0015/2024.

También el DIF adjudicó de manera directa al proveedor Suministros MYR, S.A. de C.V., el suministro de despensas Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023 para grupos de atención prioritaria mediante el contrato número 126/2023 por un monto de 6 millones 507 mil pesos; sin embargo, dentro del expediente sólo se encontró una cotización que correspondió al proveedor ganador y que fue considerado como estudio de mercado; además, en reunión extraordinaria del comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se autorizó esta adquisición sin especificar de manera precisa la modalidad de adjudicación, y no se identificó el dictamen que sirvió de base para designar al proveedor ganador. Este fraude ya se investiga y se integró el expediente número SECOES.SFSIOPAS.CGIAOPAS.CIADIB.ASF.3S.5.1.0015/2024.

Por si ello fuera poco, el DIF adjudicó 52 pedidos directos a 36 proveedores por la adquisición de medicamentos, servicios médicos y hospitalarios por un monto de 5 millones 230 mil pesos, realizados en el marco del programa “Atención a Grupos Prioritarios”; sin embargo, no se presentó información respecto de los estudios de mercado, de las cotizaciones efectuadas de los bienes y servicios adquiridos, ni que los proveedores seleccionados se encontraran en los padrones de proveedores activos y no inhabilitados de la entidad federativa, que justificaran su elección; además, no se presentó la evidencia que acreditara que la actividad económica de los proveedores se relacionara con los servicios prestados. Para investigar esto, ya se integró el expediente número SECOES.SFSIOPAS.CGIAOPAS.CIADIB.ASF.3S.5.1.0015/2024.

Asimismo, mediante una muestra selectiva respecto de los contratos 19/2023, 20/2023 y 49/2023 por la adquisición de insumos alimentarios para los programas “Alimentación Escolar Modalidad Frío” y “Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días” no se acreditaron por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo las entregas a los beneficiarios finales por un monto de 21 millones 138 mil pesos y 7 millones 096 mil pesos, respectivamente, por lo que el monto ascendió a 28 millones 234 mil pesos. Pero lo que se hizo inmediatamente, la recopilación de muchos “recibos de los centros de trabajo y de los grupos de atención prioritaria, beneficiados con los desayunos escolares y despensas por 28 millones 234 mil 457 pesos” para que apareciera como solventado este presunto saqueo de los programas alimentarios.
Se investiga la forma tan rápida de cómo logran juntar tantos recibos.

Y aún hay más. El DIF realizó 52 pedidos directos a 36 proveedores por la adquisición de medicamentos, servicios médicos y hospitalarios por un monto de 5 millones 230 mil pesos, “no obstante, los bienes adquiridos carecieron de la documentación que acreditara que éstos fueron recibidos y posteriormente entregados a los beneficiarios del programa; además, respecto de los servicios que se brindaron a la población objetivo no se tuvo evidencia de los mismos, dado que únicamente se anexó el pago realizado a cada prestador de servicios; asimismo, no se integró a cada expediente la documentación que acreditara los estudios socioeconómicos realizados y las visitas domiciliarias que se tuvieron que efectuar para dar cumplimiento a las reglas del programa”. Nuevamente de manera rapidísima, se juntaron los recibos con los que se quiso evitar el escándalo.

Pero eso de no entregar lo que se reporta es cosa común. El DIF “realizó la adquisición de insumos para la población en condiciones de emergencia por 1 millón 337 mil pesos por medio del contrato 147/2023; sin embargo, no se obtuvo evidencia de que los bienes fueron entregados por el proveedor y después entregados a los beneficiarios. Y otra vez, de manera meteórica, se juntaron cuestionables firmas de vales en los que supuestamente todos los beneficiados estaban anotados.

Al Gobierno del Estado de Quintana Roo se le asignaron 886 millones 326 mil pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2023. De este monto estatal, al DIF le correspondieron según la ASF “recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de Asistencia Social por 281 millones 731 mil pesos de pesos que en su conjunto atendieron a un total de 722,804 beneficiarios”.

Pero como si no hubiera pobres en Quintana Roo, se devolvieron  368 mil pesos a la Tesorería de la Federación.

TE PUEDE INTERESAR El morenísimo puro recupera su padrón