Observatorio Legislativo de Q.Roo asevera: Sentencia a hijo de José Luis Pech, pésimo precedente contra casos de corrupción
La reciente resolución judicial en el caso de José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, ha generado fuertes críticas por parte de diversos actores políticos y sociales. Este exfuncionario, quien fue investigado por su participación en el caso conocido como La Estafa Maestra, se declaró culpable de un desvío de 20 millones de pesos. Sin embargo, la sentencia impuesta, que lo condena a ocho meses y 29 días de prisión, ha dejado un mal precedente en cuanto al castigo de la corrupción en México, ya que su pena es conmutable por trabajo comunitario y no tendrá que resarcir el daño económico por ahora.
El caso de La Estafa Maestra destapó una de las mayores redes de corrupción a nivel federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta investigación periodística reveló un esquema de desvío de más de 400 millones de dólares, a través de 11 dependencias del gobierno federal, ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos. José Luis Pech Galera, quien fue rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo entre 2014 y 2016, fue implicado en este desvío de recursos mediante un convenio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu). En este esquema, se presuntamente subcontrataron servicios con empresas, algunas de las cuales eran propiedad del mismo Pech Galera.
Sentencia y Críticas a la Resolución
El fallo judicial en el que José Luis Pech Galera se declara culpable de estos delitos ha generado un fuerte debate. Aunque la sentencia impuesta es de prisión, el exrector podrá conmutarla por trabajo comunitario, y además, no está obligado a reparar el daño económico de los 20 millones de pesos desviados, pues esa decisión corresponde a un juez de ejecución de sentencia. Esta resolución ha sido considerada insuficiente por muchos, ya que no refleja el impacto y la magnitud de los desvíos de dinero público que se registraron en el caso.
Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, expresó su preocupación por esta decisión judicial. Señaló que el castigo no compensa el daño causado, ni responde a la magnitud del desvío de recursos públicos. “La resolución no compensa lo que es el tema de afectación a lo que sucedió. Es necesario saber qué va a pasar con las otras personas y empresas involucradas, porque no puede ser que solo unos pocos meses de cárcel sean suficientes”, comentó Galaviz Ibarra.
Un Mal Precedente para la Corrupción
Galaviz Ibarra también expresó que esta resolución establece un mal precedente en la lucha contra la corrupción en México, ya que da la impresión de que aquellos que cometen fraudes millonarios pueden salir casi impunes, con una pena mínima y sin reparar el daño. Esta situación, según el representante del Observatorio Legislativo, puede fomentar la impunidad y enviar un mensaje equivocado a la sociedad: que el desvío de recursos públicos no tiene consecuencias graves.
“Es un riesgo que puedo correr. Si ese va a ser el resultado, pues me aviento a hacerlo, ¿no?”, reflexionó Galaviz Ibarra, destacando que este tipo de decisiones judiciales no contribuyen a erradicar la corrupción en el país.
Futuras Investigaciones en Quintana Roo
El Observatorio Legislativo continuará vigilando las investigaciones relacionadas con este caso en el estado de Quintana Roo, donde también se desviaron recursos en el proceso de La Estafa Maestra, específicamente desde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS). Galaviz Ibarra subrayó la importancia de conocer cómo se desarrollarán estas investigaciones y si realmente habrá sanciones y reparaciones adecuadas a los involucrados.
