Playa del Carmen.- Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya CCERM, anunció que llevará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de la adquisición y aplicación del parquímetro en esta localidad.
Y es que calificó de irregular el pronunciamiento del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, quien dio por concluido el amparo contra esta medida aprovechandose de la situación de pandemia.
“Estamos en una incertidumbre jurídica muy peligrosa, ya que si hay inversionistas que quieren apostar por Playa del Carmen, con esta situación puede afectar la inversión . Así que, tras este fallo, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con esta lucha; y que se ventile la manera de cómo se tratan estos asuntos en los juzgados”.
“Si creen que con estas malas jugadas nos van a amedrentar, se equivocan porque esto no ha terminado; y cada día son más los ciudadanos solidarenses que están en contra de esta medida unilateral, otorgada discrecionalmente, sin socializacion de por medio y sin haber sido solicitada por los ciudadanos y mucho menos con consulta pública ”, indicó.
Acompañado por Sonia Gutiérrez Ávalos, abogada especialista en juicios de amparo; y por representantes de las cooperativas pesqueras de Solidaridad, de la Asociación Ecologista Moce Yax Cuxtal y de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya AHRM, alertó a la ciudadanía sobre los turbios manejos, que se están llevando a cabo a nivel judicial, tras la resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito asentado en Quintana Roo.
Y es que como se recordará estos tres organismos presentaron juicios de amparo contra la utilización de este dispositivo y en el caso del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, no ha sido notificado de dicha resolución.
Por su parte, Sonia Gutiérrez, quien lleva el caso, afirmó que: “No hemos tenido notificación alguna acerca de esta absurda resolución. Todo el proceso ha sido turbio, absolutamente irregular. Como abogados, estamos muy decepcionados porque de principio a fin ha sido una violación al estado de derecho; no hubo proceso administrativo de licitación; no se observaron ninguno de los requisitos; se le está dando el espació público, pagado por los contribuyentes a un particular”.
“Se está privilegiando los intereses personales y particulares sobre el bien público. La resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, que debiendo dar una sentencia de sobreseimiento, da un acta terminación de juicio. Que en una primera instancia dice que la queja presentada por la empresa que tiene la concesión de los parquímetros no es válida ; y luego revierte su propia resolución. Eso no se vale. En resumen, puedo afirmar que de principio a fin se ha violado el estado de derecho” aseveró.