El representante de los socios de Uber en Cancún, Carlos Calzado Calzado, ha denunciado que la iniciativa de Ley de Movilidad presentada la semana pasada ante el Congreso del Estado de Quintana Roo solo busca proteger los intereses de algunos funcionarios estatales vinculados a sindicatos de taxistas.
Calzado Calzado calificó la iniciativa de “una burla”, especialmente por el hecho de que parte de lo recaudado por el Instituto de Movilidad, a través de aportaciones de las plataformas digitales, será destinado a mejorar el transporte concesionado, incluyendo el servicio de taxi, como lo anunció Cristina Torres Gómez, secretaria del gobierno estatal.
El representante de los socios de Uber afirmó que durante la pandemia, el gobierno solo apoyó al Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, con la intención de mejorar sus unidades, pero nunca se aplicó. Ahora, ese dinero se usará para seguir beneficiando a los taxistas, lo que muestra que los funcionarios estatales son empleados de agrupaciones bastante cuestionables como los sindicatos de taxistas.
Calzado Calzado también destacó que otra parte del “fondo de recaudación” destinado a mejorar las vialidades es poco creíble, ya que los presupuestos ya asignados para tal fin no se aplican en la actualidad. Según él, tramos como las avenidas Niños Héroes y 20 de Noviembre no son funcionales, y hay semáforos que no sirven o están mal sincronizados, lo que evidencia la falta de presupuesto para reparar esas vías.
Se hizo en lo “oscurito”
Además, Calzado Calzado criticó que la iniciativa de ley se hizo “en lo oscurito”, sin un verdadero consenso. También señaló que la ley no se ha hecho pública a través de la página web o la gaceta parlamentaria del Congreso del Estado, a pesar de que ya fue ingresada a la Oficialía de Partes.
Por otro lado, la asociación Observatorio Legislativo ha denunciado que la iniciativa de ley presenta restricciones impuestas a operadores de plataformas digitales que no aplican a los taxistas. Calzado Calzado señaló que si se confirma que la iniciativa es discriminatoria, es una exigencia dispareja la obligación de que los vehículos usados para una plataforma digital deben contar con un GPS conectado al C5, algo que no se les solicita a los taxistas.
El representante de los socios de Uber aseguró que la movilidad es una necesidad y un derecho de los ciudadanos, pero es tratada actualmente como un negocio para algunos sindicatos, por lo que exhortó a los funcionarios estatales a actuar con transparencia y a buscar la máxima publicidad en su trabajo y en las iniciativas que reciben y analizan.
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