Tulum.- David Ortiz Mena López Negrete, presidente de la Comisión Zona Federal Marítimo Terrestre de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A. C. (AMHMAC), declaró que hoteleros del país reconocen que existe un problema de acceso públicos a la playas, pero son los municipios los que debieron proveer en su Plan de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) dichos accesos, sin embargo, este decreto no garantiza que ahora lo hagan.
Y es que, la AMHM envió un documento al legislador Antonio García Conejo, Presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, en el que hacen saber sus consideraciones en torno al decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley general de bienes nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.
En su carta, los hoteleros puntualizan al Senador “que todos coincidimos en que gestionar el buen uso de los recursos naturales no pasa por limitar el acceso a las playas; mucho menos impedir el libre tránsito de persona alguna. Creer lo contrario es ir en contra de lo que mueve a los estados turísticos, motor económico de todos los destinos de playa de nuestro país”.
Coinciden que el acceso a las playas públicas es libre, pues está en la ley desde el siglo pasado y en su respectivo reglamento; así que “el actual decreto no viene a descubrir, ni aportar nada nuevo que no haya estado previamente legislado y analizado, con excepción al aumento de sanciones y la autorización legal de vulnerar derechos de propiedad para ingresar a las playas. Con este antecedente en mente, nuestra opinión y reflexión nos conduce a cuestionar ¿cuál es la razón del Decreto que nos ocupa? ¿Las autoridades se regularán a sí mismas?”, cuestionan los empresarios.
David Ortiz Mena López Negrete quien también funge como presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum señaló que en el análisis de las modificaciones a la ley no fue tomado en cuenta el sector hotelero, concesionario de las costas, y el resultado fue una legislación con vacíos, pues no establece cómo permitirán los particulares el acceso desde su propiedad.
Es un acto dijo que: “vulnera los derechos constitucionales más elementales de propiedad, aspecto que resulta más lesivo para la sociedad que las supuestas limitaciones al disfrute de las playas que pretenden remediar, que como se ha dicho, siempre fue responsabilidad de la autoridad competente (Municipio), lo anterior, independientemente de que la redacción del referido decreto no es clara y en muchos casos ambigua, lo que indefectiblemente tendrá por resultado un sinnúmero de abusos y controversias generando más daños a derechos fundamentales de los que se intenta evitar, de ahí que insistimos, la problemática de fondo se resuelve con la aplicación de la ley anterior, y no por medio de una labor legislativa que concede derechos irrestrictos de acceso a la playa para esparcimiento por encima de los derechos humanos referidos a la propiedad privada”.