El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) esperará que se concluya el plan de restauración ambiental de Malecón Tajamar para entonces explorar escenarios de negociación con los propietarios de terrenos dentro del complejo.
Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, reconoció que no tienen presupuesto para indemnizar a los afectados por la cancelación del proyecto, pero existen terrenos que podrían ofrecerse como intercambio.
Comentó que tampoco han definido qué sucederá con las estructuras que comenzaban a construirse cuando estalló el conflicto, como la torre Infinity de 20 pisos, que se clausuró cuando estaba ya casi concluida y tuvo que ser clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al interior de Malecón Tajamar por falta de Manifestación de Impacto Ambiental.
El director jurídico de Fonatur, Alejandro Varela, comentó que hasta el momento no tienen ningún reclamo por la devolución del dinero por los terrenos que no pudieron desarrollarse.
A esto se suma un amparo promovido por un particular para el uso público de las vialidades, cuya sentencia fue notificada a Fonatur, pero fue impugnada y actualmente se encuentra en proceso de resolución, lo cual permite al Fonatur no estar obligado por el momento a avanzar en el proceso de indemnización ni en la reapertura del complejo a la circulación de vehículos.
Las indemnizaciones alcanzan 3,000 millones de pesos, según anticipó el Fonatur.
En el 2016, cuando estalló el conflicto por la devastación de manglar y demás vegetación, apenas unas semanas antes de que concluyeran los permisos con que contaba Fonatur para el desmonte de los predios al interior de Malecón Tajamar, Manuel Mercado Béjar, entonces director de Desarrollo de Fonatur, advirtió que la cancelación del proyecto implicaría dejar de generar 5,166 empleos directos y 10,332 indirectos, además de cerrar la puerta a inversiones inmobiliarias del orden de 11,000 millones de pesos.
De la comercialización de lotes, Fonatur informó entonces que obtuvo 2,040 millones de pesos, pero en caso de que los compradores de esos terrenos decidiesen demandar por la cancelación del proyecto el gobierno tendría que erogar alrededor de 3,000 millones de pesos en indemnizaciones, sin contar con la inversión ya hecha del orden de 600 millones de pesos entre el 2005 y el 2009.
(Con información de Macrix)