Familiares exigen justicia tras feminicidio en Felipe Carrillo Puerto. A siete años del asesinato de Santos Roberta Cobá May y Elisa Yutzal Itzá Cobá, sus familiares denunciaron la omisión, abuso de poder y negligencia de diversas autoridades estatales y judiciales, y pidieron la intervención de la gobernadora Mara Lezama para garantizar el cumplimiento de la reparación de daños y avanzar en la resolución del caso. En Cambio Diario te trae los detalles
Acompañados por Ariadne Song Anguas, representante del colectivo feminista Xtabay, pidieron la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama ante lo que calificaron como una cadena de omisiones, negligencia y abuso de poder por parte de distintas instituciones.
Según expusieron, el responsable del feminicidio fue liberado tras cumplir una condena como menor de edad, y ahora los padres del responsable, Elizama Be Cituc y Rosa Isela Pech, se niegan a cumplir con la reparación del daño impuesta por las autoridades.
Falta de cumplimiento en reparación de daño y dilación judicial
La reparación del daño por un monto de 900 mil pesos fue establecida por un juez civil, sin embargo, los familiares del feminicida han alegado no contar con recursos para cumplir la orden. No obstante, los denunciantes aseguran que se ha demostrado la venta de terrenos y posesión de otras propiedades por parte de los demandados.
Ariadne Song criticó al Registro Público de la Propiedad por incurrir en presuntas omisiones, tráfico de influencias y abuso de poder al impedir que se cumpliera una orden judicial de embargo. También señaló a la titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) y al juez César Rafael Sandoval Sánchez por dilación y falta de acciones concretas desde 2021.
Colectivos feministas exigen reformas y capacitación judicial
El colectivo Xtabay, junto al Frente Feminista Quintana Roo, hizo un llamado urgente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, para capacitar a jueces y juezas en el manejo de casos de feminicidio, considerados delitos de alto impacto.
Asimismo, urgieron al Congreso federal y local a revisar la legislación en materia de justicia para adolescentes, al considerar que existen vacíos legales que permiten que menores responsables de delitos graves, como el feminicidio, recuperen su libertad tras apenas cinco años de internamiento.
“No vamos a detenernos”: continúan la lucha por justicia
A siete años del doble feminicidio, Yulissa y Carlos Alberto Itzá reiteraron que no cesarán en su exigencia de justicia. Denunciaron que las víctimas han sido doblemente violentadas: primero con el crimen que les arrebató la vida y luego con la indiferencia de un sistema judicial que no garantiza la reparación ni la memoria de las mujeres asesinadas. Aunque en otros casos de feminicidio en Quintana Roo.
“Seguiremos luchando, porque esto no es solo por nuestras hijas, es por todas las víctimas que han sido olvidadas”, expresaron.