La crisis dentro de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo escaló luego de que líderes sindicales y trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) exigieran la cabeza del fiscal Raciel López Salazar, a quien señalan de manipular pruebas y perseguir políticamente al dirigente Isidro Santamaría Casanova.
El conflicto estalló tras las protestas realizadas frente a la sede de la FGE en Chetumal, donde manifestantes reclamaron el fin de las irregularidades procesales en la investigación por homicidio calificado que enfrenta Santamaría.
Reclaman irregularidades judiciales
El abogado defensor, Moisés Méndez López, aseguró que la Fiscalía violó el derecho de defensa del líder sindical al negar durante meses el acceso a la carpeta de investigación. Dicha situación obligó a promover un amparo federal, resuelto por el juez Mario Fernando Gallegos León, quien ordenó la entrega inmediata del expediente.
Tras la resolución, los inconformes afirmaron que exigen cabeza del fiscal por el presunto abuso de autoridad cometido al mantener bajo reserva información clave del proceso. También denunciaron que se busca eliminar políticamente a Santamaría para debilitar la estructura de la CTM en el estado.
Testimonio bajo sospecha
De acuerdo con la investigación, el caso se sostiene sobre la declaración de una testigo que, siete años después de los hechos, afirmó haber escuchado desde un baño las supuestas órdenes de Santamaría para asesinar a un excolaborador. La defensa calificó el testimonio como “inverosímil” y lo atribuyó a una estrategia política dirigida desde la Fiscalía.
Santamaría acusó directamente a Raciel López Salazar de fabricar pruebas y de presionar a funcionarios judiciales para mantener abierto el expediente. “Esto no es justicia, es persecución”, dijo durante su intervención en la protesta.
Piden intervención federal
Los abogados adelantaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por abuso de poder, además de solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Según Méndez, la intención no es política sino “garantizar que la justicia no se use como arma contra los trabajadores”.
En las calles, el clamor de los manifestantes fue unánime: “Exigimos cabeza del fiscal”. Con pancartas y consignas, reclamaron la destitución de Raciel López, a quien responsabilizan de dañar la credibilidad de la institución.
La controversia ha colocado a la FGE de Quintana Roo bajo fuerte escrutinio público, mientras organizaciones civiles piden una auditoría independiente para revisar el manejo de los casos de alto perfil.
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