Dos exfuncionarios de Playa del Carmen permanecerán en prisión preventiva mientras enfrentan un proceso penal por su presunta participación en la apropiación indebida de terrenos. En Cambio Diario te trae la información.
El juez de control que lleva el caso determinó la medida cautelar luego de que ambos fueron detenidos el 7 de agosto en cumplimiento de órdenes de aprehensión.
¿Quiénes son los exfuncionarios de Playa del Carmen vinculados a proceso?
Se trata de Ariadne “N”, exsecretaria particular de la entonces presidenta municipal, Lili Campos, y Jorge “N”, exdirector de Asuntos Contenciosos del Ayuntamiento. Los acusados fueron trasladados al Centro de Retención Municipal, donde permanecerán durante tres meses mientras avanza la investigación.
Acusaciones contra los exfuncionarios de Playa del Carmen
Las denuncias contra Ariadne “N” fueron presentadas en 2024 por una pareja de adultos mayores que integraba un comité ciudadano de vigilancia. Según la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/01/784/2025, la exfuncionaria habría entregado un lote de su propiedad a un tercero mediante la emisión de un nuevo título de propiedad.
En el caso de Jorge “N”, las acusaciones provienen de familiares de un adulto mayor fallecido, beneficiario de otro terreno. La Fiscalía sostiene que, aprovechando su cargo, el exfuncionario conocía el estatus legal del predio y participó en su adjudicación irregular.
Procesos separados y periodo de investigación
Las audiencias a los exfuncionarios de Playa del Carmen se realizaron de forma independiente para cada acusado. El juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal, por lo que ambos permanecerán privados de su libertad mientras continúa la etapa de investigación complementaria.
Durante los próximos tres meses, el Ministerio Público buscará robustecer las pruebas mediante la recolección de testimonios, revisión de documentos y análisis de títulos de propiedad.
Contexto legal y posibles sanciones
De comprobarse las acusaciones, los exfuncionarios podrían enfrentar sanciones por delitos relacionados con el despojo y uso indebido de funciones. La legislación local prevé penas que incluyen prisión y reparación del daño a las víctimas.
Las autoridades recordaron que los casos son independientes y que el proceso judicial se apega a las normas del debido proceso, garantizando el derecho a la defensa de los señalados.