Enamorados del poder y del dinero
Apenas iniciando el año la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, envió dos contundentes señales políticas tanto a su equipo de trabajo como a la opinión pública.
El primero de estos mensajes tuvo lugar en un movimiento inesperado: una visita sin previo aviso a las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo, donde mostró un claro ejercicio de autoridad sobre el titular de dicha dependencia, Raciel López Salazar.
A través de las redes sociales del Gobierno de Quintana Roo, se dio a conocer esta visita sorpresa. Incluso, la gobernadora acompañó la publicación con un video donde se le ve junto al fiscal Raciel López, quien sólo se le ve sonriendo nerviosamente a la gobernadora, mientras ella explica que ni siquiera el fiscal sabía que iría de visita, mientras le palmea el hombro al titular del organismo autónomo.
El segundo mensaje fue lanzado mientras señalaba las constantes reuniones de trabajo que realiza con su gabinete. Expresó que la última reunión fue la semana pasada. Lezama emitió una advertencia dirigida a su equipo: “No hay que enamorarse del dinero ni del poder”, y recordó que los puestos de gobierno son prestados.
Aunque no mencionó nombres de manera explícita, la frase dejó entrever que algunas áreas del gobierno podrían ser objeto de una revisión profunda.
Justo iniciando la semana, Quintana Roo como destino turístico fue bombardeado por los crecientes señalamientos sobre la corrupción y los abusos contra los turistas en el transporte público de Quintana Roo, específicamente el que da servicio en el aeropuerto de Cancún.
Derivado de la denuncia pública que hizo el influencer Luisito Comunica sobre el cobro de 100 dólares que le hizo un transporte de Cabsi del aeropuerto de Cancún, la caja de pandora se abrió. Actores políticos, el sindicato de taxistas, hoteleros y la propia Cabsi desmarcaron responsabilidades.
EL FLAGELO DE LOS AMPAROS
Mara Lezama explicó que las concesiones para los servicios de transporte en el Aeropuerto Internacional de Cancún son competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
No obstante, la mandataria estatal destacó que las empresas encargadas de estos servicios cuentan con amparos legales que les permiten operar en la terminal, lo cual complica la posibilidad de regular completamente los precios.
“Hay amparos donde las personas encontraron el camino para dar el servicio y es ahí donde tenemos este flagelo”, manifestó Lezama, reconociendo la dificultad que representa la presencia de estos amparos en la resolución del problema.
Para abordar esta situación, la gobernadora informó que su gobierno ha iniciado una mesa de trabajo especial, en la que participan representantes del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SICT y Seguridad Ciudadana.
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