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Empresarios de Quintana Roo no denuncian extorsiones por temor a “derecho de piso”

Empresarios de Quintana Roo no denuncian extorsiones por temor a “derecho de piso”

Liliana Bravo Mena, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Riviera Maya, reveló que numerosos empresarios, especialmente en el norte de Quintana Roo, se abstienen de denunciar extorsiones y actos de inseguridad debido a los temores de represalias por parte de grupos delictivos y “filtraciones” en la Fiscalía General del Estado.

En una entrevista breve, Bravo Mena enfatizó que muchos empresarios optan por el silencio cuando son víctimas de delitos relacionados con la extorsión debido a la falta de confianza en las autoridades y el temor a represalias. Esta situación ha llevado a que un gran número de casos no se denuncien oficialmente.

La líder de Amexme Riviera Maya cuestionó la precisión de las estadísticas de extorsiones proporcionadas por las autoridades, ya que muchos de los casos no llegan a ser judicializados, lo que dificulta conocer la verdadera magnitud del problema. “Muchas veces se platica, pero no se denuncia, porque no hay línea de denuncia. No sabemos por eso qué tan recurrentes son los casos o las cifras, porque no se denuncia”, subrayó.

“Paso grande”

Ante esta preocupante situación, Bravo Mena mencionó que durante una reunión reciente con Raciel López Salazar, fiscal del estado, los representantes del sector empresarial solicitaron no solo fomentar la denuncia, sino también establecer una línea de denuncia interna. Esta iniciativa permitiría a las víctimas denunciar actos de corrupción o filtraciones que involucren a funcionarios públicos.

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La reciente tipificación de la extorsión como delito grave en Quintana Roo fue destacada por la líder empresarial como un “paso grande”. Ella y otros miembros del sector empresarial tienen la esperanza de que esta medida legislativa contribuirá a reducir la incidencia de este delito que afecta a la ciudadanía en general. La tipificación de la extorsión como delito grave podría ser un paso crucial hacia la lucha contra la inseguridad y la protección de los derechos de los empresarios en la región.

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