Elimina el Congreso de Quintana Roo requisito de ser local para cargos públicos; José Luis Pech lo califica como agravio
La eliminación del requisito de ser quintanarroense para ocupar una dirección en la administración pública estatal ha generado controversia. Esta decisión fue tomada por la mayoría de Morena, el Verde Ecologista de México, el PT, el PAN y el PRI en la Décimo Octava legislatura. El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, calificó esta determinación como un agravio para los habitantes del estado.
Pech Várguez señaló que la modificación se hizo sin un análisis profundo. A propuesta de la fracción de Morena, se reformó el artículo 28 de la Ley de Entidades Públicas y Paraestatales, permitiendo que cualquier mexicano, sin necesidad de ser quintanarroense, pueda ocupar el cargo de director general. El legislador votó en contra de esta medida y aseguró que se organizarán para prevenir futuras situaciones similares.
La eliminación de este requisito fue parte de una propuesta más amplia que busca incorporar lenguaje inclusivo en los cargos de los funcionarios. Esto se reflejó en la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en la Ley de Movilidad. En ambas leyes, se modificaron los artículos para establecer que el nombramiento de la persona titular debe recaer en ciudadanos mexicanos con derechos políticos plenos.
Específicamente, el artículo 28 de la primera ley ahora establece que “el nombramiento de la persona titular de la Dirección General deberá recaer en personas que reúnan los siguientes requisitos: I. Ser persona ciudadana mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos.” De igual manera, el artículo 21 de la Ley de Movilidad fue modificado para incluir el mismo requisito.
La reforma también otorga a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la supervisión de los organismos descentralizados y órganos autónomos. Esta entidad evaluará y recomendará cuáles deben seguir operando, fusionarse o extinguirse. Además, se le da al Ejecutivo la facultad de proponer la desaparición o integración de organismos públicos para mejorar la eficiencia en la administración estatal.
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