Denuncian presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo
Una investigación ha puesto al descubierto presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Quintana Roo. El Director General de Licencias de Bebidas Alcohólicas, Vicente de Jesús Franco Reyes, y uno de sus empleados, Clicerio Norberto Mora Chuc, conocido como “Cheyo”, estarían implicados en estas prácticas ilegales. Mora, quien ocupa el cargo de “Desarrollador de Sistemas”, supuestamente realiza cambios no autorizados en el sistema de licencias de bebidas alcohólicas, alterando datos como el propietario y el domicilio de las licencias, en complicidad con Franco.
La denuncia señala que estos cambios se llevan a cabo en la madrugada, cuando la vigilancia es mínima y la actividad en el sistema es nula. Mora ingresa al sistema utilizando un “usuario maestro”, deshabilitándolo mientras realiza los movimientos solicitados por Franco, tales como modificar los datos de las licencias, como si siempre hubieran sido correctos. Los cambios afectan principalmente a licencias con más de diez mil unidades, que están a nombre de prestanombres relacionados con Franco, como Zayra Polet Jiménez López, Jordán Rosas Cantú y José Orlando Sansores Cauich.
Este tipo de prácticas contraviene la Ley sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en Quintana Roo. El artículo 4 de la ley establece que la autorización de las licencias corresponde exclusivamente al Ejecutivo del Estado, en este caso a la gobernadora Mara Lezama, lo que implica que cualquier modificación sin su autorización sería un abuso de poder. Además, el artículo 9 menciona que solo la Gobernadora tiene la facultad de autorizar las modificaciones de las licencias, lo que implica que las acciones de Franco y Mora serían un delito.
Además, el artículo 11 de la misma ley establece que las licencias de bebidas alcohólicas solo pueden ser transferidas a un tercero si se cumplen ciertos requisitos, lo que parece haber sido ometido en estos casos. Las licencias que han sido modificadas no solo carecen de la debida autorización, sino que tampoco se ha pagado el derecho por el cambio de concesionario, lo cual también contraviene las normativas establecidas.
Cabe destacar que estas prácticas no son nuevas. Según la denuncia, tanto Franco como Mora ya estaban involucrados en situaciones similares durante la administración de Roberto Borge Angulo (2011-2016), lo que los convierte en expertos en la manipulación del sistema de licencias. Durante esa época, las mismas tácticas fueron empleadas para cambiar la titularidad de licencias a través de prestanombres, una estrategia que parece haber continuado en la actual administración.
La gravedad de estos actos radica en la posible afectación a la transparencia y legalidad del proceso de otorgamiento y modificación de licencias en Quintana Roo, además de que representan un uso indebido de los recursos públicos y una violación a los derechos establecidos en la Ley sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
