La secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, acusó a exfuncionarios de su dependencia durante la gestión de Carlos Joaquín González de omisiones que causaron un perjuicio al erario público por más de siete mil millones de pesos entre 2011 y 2016.
En respuesta a estas acusaciones, Gabriela Mora Castillo, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Décimo Octava Legislatura, destacó la importancia de investigar a fondo. Primero dijo se debe averiguar qué diputados formaron parte de las legislaturas XIII y XIV durante el periodo señalado y por qué aprobaron las cuentas públicas de los entes involucrados, indicó Mora Castillo.
Mora Castillo subrayó que es crucial revisar quiénes aprobaron las cuentas públicas de varias dependencias, incluyendo la Cojudeq, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre otras.
La presidenta de la comisión también enfatizó la necesidad de analizar los antecedentes para evitar malentendidos.
Arceo Rosado, en su declaración del lunes, afirmó que los funcionarios de la SECOES, bajo el mando de Rafael del Pozo Dergal, incumplieron con su deber al permitir que prescribieran expedientes que generaron un daño significativo al erario.
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