Clausura parcial de terreno en la costera sur de Cozumel genera controversia ambiental. La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) ejecutó ayer una clausura parcial en un terreno ubicado en la costera sur de Cozumel, donde se llevaban a cabo trabajos de desmonte por parte de la empresa Muelles del Caribe. Esta acción responde a la polémica suscitada luego de la intervención de un activista ambiental, “Pepe Tiburón”, que ingresó al lugar sin permiso para denunciar las labores. En Cambio Diario te trae la información.
Detención del activista y controversia
El pasado fin de semana, el activista conocido como “Pepe Tiburón”, integrante del colectivo ambientalista Sélvame Tierra, ingresó al terreno para evidenciar el desmonte. Esto provocó que los trabajadores solicitaran la presencia de la Policía Municipal, que inicialmente detuvo al activista. Sin embargo, la detención fue revertida tras la intervención del secretario estatal de Medio Ambiente y Ecología, Óscar Rébora, quien pidió desistir de la denuncia contra el ambientalista.
Permisos y declaraciones oficiales
Óscar Rébora confirmó haber recibido reportes sobre las actividades de desmonte, pero aclaró que la empresa Muelles del Caribe contaba con permisos para chapeo y limpieza de vegetación. Sin embargo, señaló que la Procuraduría de Protección al Ambiente es la autoridad encargada de inspeccionar y vigilar dichas actividades, por lo que será ésta quien determine la legalidad de los trabajos.
Clausura parcial y dudas sobre la legalidad
A pesar de las declaraciones oficiales, horas después la PPA procedió a colocar sellos de clausura en la reja frontal del predio, lo que sugiere irregularidades en los permisos otorgados. En el operativo participó un inspector acompañado por el titular de la PPA en Cozumel, Alberto Ventura, quien evitó brindar declaraciones sobre el motivo específico de la clausura, calificándola como una “visita complementaria”.
Consecuencias y próximos pasos
Con la colocación de los sellos, las actividades de desmonte quedaron suspendidas hasta que la Procuraduría emita una resolución definitiva. Esta acción marca un precedente en la supervisión de proyectos con impacto ambiental en Cozumel y mantiene la atención pública sobre el equilibrio entre desarrollo y protección ambiental.