El informe más reciente del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2024 ha puesto de manifiesto las graves deficiencias que enfrenta Quintana Roo en su sistema de procuración de justicia.
La asociación Observatorio Legislativo ha emitido un comunicado analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales reflejan la actividad registrada en 2023 y en el primer semestre de 2024.
El análisis destaca que, durante el año 2023, se abrieron 52,274 carpetas de investigación en Quintana Roo, de las cuales solo 25,190 fueron determinadas. Esto evidencia una alarmante baja tasa de resolución de casos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la eficacia del sistema judicial en el estado.
Además, Quintana Roo cuenta con 20 unidades administrativas y 39 agencias del Ministerio Público, posicionándose por debajo de la media nacional en términos de infraestructura judicial. La falta de ministerios públicos especializados en violencia familiar, un delito que ha aumentado significativamente, es otro punto crítico señalado por el Observatorio Legislativo. Esta ausencia de especialización se ha identificado en otros estados de la península, como Yucatán.
El estudio también revela que Quintana Roo enfrenta una mayor cantidad de fenómenos delictivos en comparación con sus estados vecinos, incluyendo un preocupante incremento en el número de personas desaparecidas. El Observatorio Legislativo advierte que esta creciente inseguridad demanda urgentemente más recursos para la atención de la procuración de justicia.
Finalmente, la asociación hizo un llamado a las autoridades para que implementen estrategias preventivas que aborden la generación de delitos y su judicialización. “Es imperativo mejorar el proceso de investigación, ya que actualmente es lento y complicado, lo que retrasa la solución a los fenómenos delictivos”, concluyó el comunicado.