El sistema penitenciario de Quintana Roo sigue siendo un “talón de aquiles” para las autoridades pues de acuerdo con un nuevo análisis de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, obtuvo 6.4 de calificación.
De manera individual, el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cozumel obtuvo una calificación de 7.18, mientras que el de Chetumal, tuvo 6.63 y 5.90 para el de Playa del Carmen así como 5.88 para el de Cancún.
La Comisión precisó que los resultados se obtuvieron luego de aplicar mil doscientas encuestas a la población privada de la libertad de los 4 centros de reinserción social en el Estado, entre septiembre y octubre, así como entrevistas al personal técnico y administrativo de las cárceles.
En ese sentido, las encuestas detectaron insuficiente y/o mala calidad del suministro de alimentos en los centros de Chetumal, Benito Juárez y Playa del Carmen; daños en la infraestructura de los centros en las áreas de dormitorios, lavabos, inodoros, deficiencias en las condiciones en el suministro de agua corriente para el aseo personal; carencias de gobernabilidad, seguridad, sobrepoblación y hacinamiento en Cancún y Playa del Carmen; insuficiente personal de seguridad y custodia en los centros penitenciarios; la constante insuficiencia de profesionales de la medicina y deficiencias en el suministro de medicamentos, mobiliario y equipo necesarios para su adecuado funcionamiento en todos los centros.
También se observó la falta de instalaciones apropiadas para el desarrollo de actividades que propicien la reinserción social, tales como talleres, aulas y áreas deportivas debidamente equipadas, personal técnico y administrativo que las opere, situación que se remarca aún más en los centros que albergan mujeres.
También se revelaron carencia de manuales, lineamientos o protocolos establecidos para la prevención y tratamiento de la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como su remisión ante la instancia ministerial correspondiente.
El Diagnóstico incluye diez propuestas dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública para la mejora de estos centros, que van precisamente enfocadas a estos problemas detectados.
Entre ellas se propone la construcción de un centro de reinserción social exclusivo para mujeres, y se implementen acciones, ajustes razonables y/o políticas públicas que visualicen su atención con un enfoque en perspectiva de género y derechos humanos.
En este sentido, el ombusdman Marco Antonio Tóh Euán adelantó que durante el primer trimestre de 2020 se emitirá un diagnóstico sobre mujeres privadas de su libertad.
Ello en razón de que se advierte que la vulneración de derechos humanos en estos centros es más marcados para las mujeres, pues no existe igualdad de condiciones para la realización de actividades que se establecen en el centro para la reinserción social, como por ejemplo instalaciones acordes a la normativa mínima indispensable.
(Con información de Infoqroo)