El grupo de caleseros de la isla de Cozumel recurrirá al amparo contra la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, que entró en vigor días atrás y que prohíbe su empleo como medio de transporte, informó su representante, José Julio Azcona Rejón.
El representante de los caleseros recordó que la actividad beneficia a 50 familias de la ínsula, que durante un cuarto de siglo se han dedicado a esa actividad.
En entrevista, el también empresario señaló que uno de los párrafos de la nueva legislación prohíbe los carruajes que operan en la isla para servicios turísticos, y que los involucrados tienen seis meses para buscar alternativas.
“Definitivamente, lo que vamos a buscar es seguir operando; tenemos derechos adquiridos desde hace 25 años, no funcionamos de la noche a la mañana.
“Tenemos manera de probar que no estamos maltratando a los animales, son de trabajo y están acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo.
“En total son 16 carruajes y 32 caballos que operan en la isla desde hace 25 años; hay 50 familias que viven directamente de este empleo e indirectos hay más; directamente son 50 empleados”, precisó.
De acuerdo con el empresario, estarían en riesgo, tomando como base cuatro integrantes por familia, un total de 200 personas, más los que dependan de las actividades indirectas que genera la actividad, cantidad que calculó en alrededor de 500 personas.
Azcona Rejón agregó que en todo ese tiempo nunca han dejado de trabajar y aseguró que no lo harán, pues confían en que la legislación federal les dará la razón en cuanto al tema de los derechos adquiridos y más aún porque ninguna ley es retroactiva y en su caso no aplica; caso contrario si pretende ampliarse el número de calesas y animales.
Sobre la ley aprobada por la XV Legislatura el 26 de junio pasado, dijo que violentó el proceso legislativo para darle cauce y votarla, lo que llevó a empresarios que organizan palenques y peleas de gallos, a toreros y otros como los caleseros y demás involucrados en esos negocios, a manifestarse multitudinariamente en Chetumal en julio pasado.
Buscarán amparo por derechos adquiridos
“Vamos a ampararnos. Hace 10 años, tuvimos un problema similar cundo fue promovida la Ley de Bienestar anterior, que señalaba que no podía transitarse en carreteras asfaltadas.
“Era un tema por la zona sur (de la ínsula), que soltaban a sus caballos, pero los antianimalistas se agarraron de ahí y quisieron perjudicarnos, y en ese entonces intentamos ampararnos y una jueza federal le contestó al Congreso del estado.”
José Julio Azcona recordó que entonces la jurista dejó en claro que los caleseros no entraban en esa ley por los derechos adquiridos, y les explicó que no les otorgaba el amparo porque no lo necesitaban luego de operar por más de 15 años; es decir, el uso de caballos para jalar calesas es un atractivo turístico.
Aseguró también que los carruajes cumplen la reglamentación y más, pues en el caso de los caballos, para que estén sanos deben caminar 10 kilómetros al día por su sistema digestivo, y la ruta que recorren es de cuatro, y tras cada vuelta que dan llegan a una zona sombreada que hay en el centro, donde se cubren del sol, descansan y se les da agua con electrolitos.
“Descansan 40 minutos y siguen a su segundo recorrido, hacen tres al día, nada más; tienen sombra, les pusimos una sombra a los caballos, como dice el médico veterinario.
“No es necesario, pero es percepción y lo hacemos, y muchas cosas que hacemos demás; cada caballo tiene su caballeriza con sus ventiladores, comen el alimento más caro; o sea, están en las mejores condiciones y siempre lo he dicho, los primeros perjudicados son los animales.”
Además, dijo que cancelar los eventos donde los animales son empleados dejaría sin empleo a 25 mil personas involucradas directa e indirectamente, afectando a sus familias.
Ello, sostuvo, provocaría pérdidas anuales por 90 millones de pesos, generados por un promedio de 380 espectáculos en 95 fiestas patronales que hay en los 11 municipios de la entidad.
(Con información de infoqroo)