En Cambio Diario informa: Buscan tipificar el transfeminicidio como delito en Quintana Roo como parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades locales, colectivos y legisladores para atender de fondo la violencia contra mujeres trans.
Avanza propuesta: Buscan tipificar el transfeminicidio como delito en Quintana Roo
El anuncio de que buscan tipificar el transfeminicidio como delito en Quintana Roo se dio durante una sesión de la Comisión Edilicia de Diversidad Sexual en Playa del Carmen, encabezada por José Gabriel Pérez, director municipal de Diversidad Sexual. En su intervención, Pérez destacó la coordinación estrecha con el Congreso estatal y la diputada Lili Mis, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
“Este es un proceso que requiere voluntad política, análisis jurídico y acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil”, señaló la diputada, reconociendo que la comunidad trans, que ha sufrido desde siempre violencia extrema sin que tal hecho sea reconocido de manera diferenciada por la ley.
Actualmente, se investigan dos carpetas relacionadas con posibles casos de transfeminicidio en la región, lo que ha impulsado la urgencia de reconocer este crimen de forma específica. Pérez subrayó que la atención no solo será legal, sino integral: “No se trata solo de abogados de oficio; es acompañar a las víctimas y sus familias desde todas las instituciones”.
Playa del Carmen y colectivos LGBT impulsan la reforma
El tema ha sido una demanda constante de colectivos LGBTQ+ en Quintana Roo, quienes exigen que se garantice justicia y prevención de violencias sistemáticas. De aprobarse, Quintana Roo se convertiría en la tercera entidad en reconocer el transfeminicidio como delito autónomo, después de la Ciudad de México y el Estado de México.
Contexto legal: ¿Qué implica tipificarlo?
En la Ciudad de México, el transfeminicidio está claramente definido en el Código Penal, contemplando agravantes como violencia sexual, lesiones degradantes o mutilaciones, crímenes cometidos en contextos de trabajo sexual, amenazas previas o destrucción de pertenencias relacionadas con la identidad de género.
Además, se reconocen penas de 35 a 70 años de prisión para quien cometa este delito. La ley también contempla el concepto de “familia social”, extendiendo derechos y acompañamiento a amistades o personas cercanas a la víctima, independientemente de la relación biológica o legal.
Colectivos reiteran llamado a la ciudadanía
Mientras se afina la propuesta, defensores de derechos humanos y autoridades municipales y estatales coinciden en la necesidad de robustecer el acompañamiento integral y la capacitación a policías, ministerios públicos y jueces para garantizar que la futura ley se aplique de forma efectiva.