REDACCIÓN
El Congreso de Quintana Roo entrará al estudio de una propuesta de reforma al artículo 57 de la Constitución local para que los diputados locales puedan estar hasta doce años consecutivos en el cargo, un jugoso negocio para los que integran el Poder Legislativo más caro del país.
De acuerdo a un comunicado del Congreso local, a esa propuesta se le dio entrada este lunes y se turnó a comisiones para su analisisis y dictaminación por el presidente de la Comisión Permanente, Hernán Villatorio Barrios (PT), aunque no se espefica quién la presentó.
Se justifica que el de Quintana Roo es uno de los diez del país donde no se había homologado con la Constitución federal para la relección de diputados por cuatro periodos consecutivos.
El argumentó es que se transparenta la reelección entre los diputados y la ciudadanía y habrá una mejor estructura y organización del Poder Legislativo de Quintana Roo.
Además de que los diputados tendrán mayor experiencia en el trabajo legislativo y el impulso a reformas legales.
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el de Quintana Roo es el Poder Legislativo más caro del país, entre lo que gasta el Congreso y la auditoría de fiscalización estatal, unos 691 millones de pesos en conjunto al año.
El Poder Legislativo de Quintana Roo cuesta 372 pesos a cada habitante, la cifra más alta del país.
En el Congreso de Quintana Roo Morena es mayoría con ocho diputados, seguido del PAN cinco y cuatro PVEM.
Sin embargo, es Gustavo Miranda García, del PVEM, el presidente de la Junta de Coordinación Política (PVEM), uno de los dirigentes del cartel del despojo que simularon juicios laborales para evitar el embargo de propiedades.
Desde 2019, cuando asumió como presidente de la Jucopo, la nómina del Poder Legislativo de Quintana Roo se infló en 186 personas, sin que se aclare su función o área de trabajo, por lo que para la oposición pudiera tratarse de aviadores.
Una auditoría financiera al Congreso estatal determinó más de 12.8 millones de pesos no aclarados, de un balance de más de 466 millones de pesos.
En 2019 el gasto autorizado para servicios personales fue de 291 millones de pesos, pero se terminaron gastando casi 304 millones de pesos.
Las plazas que no pudieron encontrar funciones se encuentran en Oficialía Mayor, área jurídica, Instituto de Investigaciones Legislativas, Comunicación Social, Archivo Legislativo y otras.