La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un caso que podría redefinir los límites del poder estatal. El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García plantea invalidar artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo que permitían la intervención de comunicaciones y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales claros. La polémica, derivada de la acción de inconstitucionalidad 29/2025 promovida por la CNDH, encendió el debate nacional sobre hasta dónde busca FGE local espiarte.
Qué impugna la CNDH y por qué preocupa
La CNDH impugnó varios artículos aprobados en enero de 2025 por el Congreso estatal, al considerar que daban facultades indebidas de vigilancia a la Fiscalía Anticorrupción. Según el proyecto del ministro Guerrero, estas normas son desproporcionadas y violan derechos fundamentales porque permiten la intervención sin supervisión judicial ni definición de delitos graves.
El texto del proyecto concluye que se debe invalidar la delegación de funciones a personal de menor jerarquía, ya que abre la puerta al abuso. En resumen, las disposiciones carecen de garantías y podrían usarse para vigilar ciudadanos sin causa justificada, un riesgo que refuerza la idea de que busca FGE local espiarte.
Antecedentes y polémicas por espionaje
El tema no surge de la nada. En los últimos años, la Fiscalía de Quintana Roo ha sido señalada por prácticas de vigilancia ilegal. Uno de los casos más notorios fue el de Miguel Ángel Cuéllar Rangel, “El Tigre”, ex policía ministerial acusado de espiar a periodistas y empresarios. Su arresto reveló redes internas de espionaje en la institución.
A esto se suman denuncias públicas contra la gestión del fiscal Raciel López, por manipulación de expedientes y presuntas amenazas a comunicadores. Estos episodios alimentan la desconfianza ciudadana y respaldan los llamados a limitar la discrecionalidad de las fiscalías. La controversia se intensifica mientras la ciudadanía cuestiona si busca FGE local espiarte con herramientas fuera de control.
Lo que está en juego para el Estado y la Corte
El proyecto no sólo defiende el derecho a la privacidad. También sostiene que el Congreso de Quintana Roo invadió facultades federales, al regular medios de apremio y vigilancia reservados a la autoridad federal. Si el Pleno de la Corte aprueba la ponencia, anularía las facultades más polémicas, ordenaría al Congreso local reformar la ley y sentaría un precedente nacional.
Juristas señalan que la resolución marcará un límite claro al uso de tecnología de rastreo e intervención, reforzando el principio de que ninguna fiscalía puede operar sin controles judiciales efectivos. La decisión, prevista para el 3 de noviembre, pondrá frente al espejo a una institución cuestionada y definirá si el Estado prioriza la eficacia o la libertad ciudadana.
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