La XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad la noche del martes 18 de abril la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado, una propuesta de la gobernadora Mara Lezama Espinosa que busca sentar las bases para un nuevo modelo de política de seguridad pública en la entidad.
La nueva ley, que sustituye a la anterior Ley de Seguridad Pública del Estado, cuenta con diversas disposiciones que buscan mejorar la seguridad de los ciudadanos, como la creación de agrupamientos especializados en la policía estatal preventiva, entre ellos una Policía de Caminos que se encargará de vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito en vías y comunidades rurales, así como una Policía de Investigación, que estará facultada para coadyuvar a la integración de expedientes sobre delitos bajo la dirección del Ministerio Público del Fuero Común.
¡Aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de #QuintanaRoo!
Reconozco la disposición de tod@s los diputados de la H. XVII legislatura del @CongresoQRoo, quienes han respaldado fortalecer la demanda social más sensible y prioritaria en nuestro estado, la seguridad. pic.twitter.com/Z6MO0rVpGw
— Mara Lezama (@MaraLezama) April 19, 2023
La ley también contempla la creación de la Policía de Proximidad y establece un Mando Unificado estatal de todas las corporaciones sólo en casos de emergencia o excepcionalidad, no de manera permanente, a diferencia del fracasado Mando Único.
Además, se cambió el nombre de la dependencia administradora del sector, de Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se modificó la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios públicos, estableciendo criterios claros y acotando este beneficio únicamente para aquellos que lo requieran verdaderamente y en lo más óptimo posible, dentro del principio de austeridad.
Para la ejecución de las disposiciones de la nueva ley, que tiene un enfoque ciudadano, los diputados asignaron un presupuesto de 2 mil 555 millones de pesos que se aprobó en el Paquete Fiscal del 2023, el cual incluye un fondo para seguridad financiado con un porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre Nóminas.
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