El Juzgado Primero de Distrito en el estado admitió el amparo que el ex gobernador Roberto Borge Angulo interpuso contra el reciente auto de vinculación a proceso que se le dictó por su presunta responsabilidad en el daño patrimonial por dos mil 510 millones 532 mil 784 pesos en agravio de la entidad.
Según el expediente 1139/2019, entre los argumentos para solicitar la protección de la justicia federal se encuentran presuntas violaciones a los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución, que señalan que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
El recurso fue presentado por el ex mandatario el 26 de diciembre pasado y quedó admitido un día después; el 29 de enero se realizará la audiencia constitucional a fin de presentar los argumentos y combatir el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, relacionado con la carpeta administrativa 159/2017.
El 6 de diciembre, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) solicitó de manera formal sujetar a proceso a Borge Angulo, ya que presuntamente vendió de modo irregular 18 predios administrados por el antiguo Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), actualmente conocido como la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro).
Los predios están ubicados en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.
La audiencia de vinculación se realizó a petición de los abogados del ex gobernador el 11 de diciembre y concluyó el día 12, cuando el juez resolvió sujetarlo a proceso.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso la probable participación del ex mandatario estatal, quien en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, encargado de resguardar los bienes de la entidad, fue omiso en la actividad que se realizó, ya que las ventas se efectuaron a bajo costo y sin reunir diferentes condicionantes.
La mayor parte de los terrenos enajenados muy por debajo de su valor, acabaron en manos de allegados, amigos y familiares del ex gobernador, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Ayala, estado de Morelos.
(Con información de Luces del Siglo)