La Contralora del estado de Quintana Roo, Reyna Arceo Rosado, ha confirmado que aproximadamente tres mil servidoras públicas han solicitado su baja de los programas sociales implementados por la administración estatal. Esta acción se lleva a cabo después de que se revelara que algunas servidoras públicas estaban cobrando los beneficios destinados a ciudadanos que realmente necesitaban la asistencia.
Según Arceo Rosado, después de realizar investigaciones, se encontró que al menos 10 servidores públicos, tanto hombres como mujeres, que ganaban salarios que excedían los límites establecidos, estaban registrados en programas sociales y, por lo tanto, fueron retirados de dichos beneficios.
La Contralora explicó que realizaron un cruce de información entre el personal gubernamental y la base de datos de los programas sociales, y se descubrió que incluso personal de limpieza y auxiliares, cuyos ingresos oscilaban entre tres mil y cinco mil pesos, cumplían con los criterios de elegibilidad según las pautas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Arceo Rosado destacó que las convocatorias establecían claramente quiénes eran elegibles para recibir los apoyos y, si una persona afirmaba tener un bajo salario, se consideraba para la inclusión en los programas. Sin embargo, debido a la confusión sobre las reglas previas, muchas servidoras públicas han solicitado su baja voluntaria.
La Contralora también señaló que, a partir de la base de datos inicial, que contenía aproximadamente 86,000 personas, al menos el 90% de los beneficiarios eran ciudadanos que realmente necesitaban la asistencia. Sin embargo, están luchando contra estas prácticas indebidas.
Reyna Arceo Rosado confirmó que están realizando auditorías de los procedimientos para lograr un mayor control sobre las 23 reglas de operación del programa. Esto les permitirá identificar quiénes son los beneficiarios adecuados y cómo están recibiendo los apoyos.
Además de la revisión de los procedimientos, se ha emitido un llamado para que aquellos que no necesitan los programas sociales soliciten su baja. También han implementado medidas para evitar que una persona esté registrada en varios programas sociales y reciba beneficios duplicados.
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