La reciente discusión en torno a la reforma a la Ley de Amparo ha desatado una serie de posicionamientos dentro y fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Aguilar fue claro al señalar que el máximo tribunal no permitirá la aplicación retroactiva de una norma que pudiera vulnerar derechos adquiridos. En Cambio Diario te trae los detalles.
Ministro Aguilar: no retroactividad a Ley de Amparo, un mensaje
Durante su intervención, el ministro Hugo Aguilar subrayó que la Corte solo actuará si el Congreso no corrige los puntos de la reforma que resulten contrarios a los principios constitucionales. Recalcó que la reforma a Ley de Amparo, pieza clave en la protección de derechos, no puede ser usada como un instrumento político ni como vía para debilitar el control judicial.
“La no retroactividad es un principio de certeza y justicia; las leyes no deben afectar actos o situaciones consolidadas en el pasado”, sostuvo el ministro. Con esta postura, Aguilar envió un mensaje tanto al Legislativo como a la ciudadanía: el respeto al Estado de derecho sigue siendo un eje inamovible del tribunal.
Reformas pendientes
El debate actual surge en medio de una creciente tensión entre el Poder Judicial y el Legislativo. Desde hace meses, la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados analiza los alcances de la reforma, mientras en el Senado se prepara un paquete de enmiendas que busca agilizar los procesos de amparo.
El ministro Aguilar insistió en que la Corte no se opone a la modernización del sistema, pero sí a la pérdida de garantías. De no atenderse las observaciones, advirtió, el Pleno podría declarar la inconstitucionalidad de los artículos más polémicos, uniéndose a lo antes dicho por personalidades como Arturo Zaldívar y Ricardo Monreal sobre la reforma.
“Si el Legislativo no corrige, lo hará la Corte”
Aguilar no habló de confrontación, sino de responsabilidad institucional. Su mensaje apuntó a que las reformas deben ajustarse a los parámetros de legalidad y proporcionalidad establecidos por la Constitución.
“Si el Legislativo no corrige, lo hará la Corte”, sentenció, recordando que la función de la SCJN es precisamente salvaguardar el equilibrio entre poderes. Con ello, reafirmó su confianza en que el diálogo democrático debe prevalecer sobre las imposiciones políticas.
Entre la burocracia y la justicia efectiva
En declaraciones previas, Aguilar reconoció que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria, pero que prender que la ley sea retroactiva es inadecuado y se debe modificar. Modernizar sí, pero sin poner en riesgo el principio de legalidad. En su lectura, las modificaciones deben garantizar que los ciudadanos sigan contando con una vía rápida y efectiva para proteger sus derechos, sin depender de vaivenes políticos ni de interpretaciones discrecionales.