Ernestina Godoy es la nueva fiscal, una nueva pieza en el tablero
Ernestina Godoy es la nueva fiscal en la cúspide de una institución que concentra los expedientes más delicados del país y que se vuelve termómetro del nuevo reparto de poder. Su llegada ocurre tras la salida de Alejandro Gertz Manero y la designación al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) como encargada de despacho.
Aunque el encargo es interino, el movimiento no es menor: la abogada entra a la oficina principal de la FGR justo cuando el gobierno necesita un mando cercano y probado para ordenar la casa, marcar prioridades y mandar señales políticas dentro y fuera del país. Ernestina Godoy es la nueva fiscal en un contexto de exigencias de justicia, crisis de desapariciones y reclamos de verdad que no admiten margen de error.
De abogada de base a operadora
Godoy llega a este punto tras más de cuarenta años de trabajo jurídico que arrancaron en organizaciones sociales y asesorías a colonos, lejos de reflectores y escoltas. Con el tiempo ocupó espacios clave en el antiguo Gobierno del Distrito Federal, el Congreso capitalino y la Cámara de Diputados, hasta consolidarse como una de las fundadoras de Morena y una voz con peso propio en el bloque oficial.
Esa trayectoria la fue acercando al círculo llamado “duro” del obradorismo, pero su salto definitivo ocurrió cuando encabezó la procuración de justicia en la Ciudad de México y se convirtió en una pieza indispensable en la mesa política y jurídica del actual proyecto de nación. Desde ahí dejó claro que no solo litiga expedientes, también lee el mapa político y sabe mover fichas.
El vínculo con Claudia Sheinbaum
En la capital, el binomio Claudia Sheinbaum–Ernestina Godoy, que sería trinomio al agregarse Omar García Harfuch, se probó en terreno accidentado: crisis de violencia, casos mediáticos, escándalos de corrupción y una transición institucional hacia la fiscalía autónoma. Godoy fue primero procuradora y luego la primera fiscal de la Ciudad de México, acompañando a Sheinbaum en su paso por la jefatura de Gobierno y construyendo una relación de absoluta confianza.
Ya con Sheinbaum en Palacio Nacional, Godoy aterrizó en la Consejería Jurídica de la Presidencia, la redacción de iniciativas que fueron al Congreso pasaron por ella. Ese historial explica por qué, entre todas las cartas posibles para ocupar la FGR, la presidenta se recarga en ella: No sólo es parte de su equipo, también entiende el código político imperante al interior del bloque.
La ruta legal que la colocó al frente de la FGR
El movimiento que la llevó al despacho principal de la FGR se tejió con precisión quirúrgica. Antes de dejar el cargo, Gertz Manero la nombró titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), un puesto que, en apariencia técnico, resulta decisivo: la ley establece que quien encabece esa área asume la conducción de la fiscalía en ausencia del titular.
Así, cuando se hizo efectiva la renuncia de Gertz, Godoy no solo heredó una oficina: recibió la llave de toda la estructura, desde las fiscalías especializadas hasta las áreas de inteligencia y coordinación con fuerzas armadas y gobiernos estatales. Desde esa posición, administra la transición, perfila su propia gestión y, de paso, gana terreno si decide competir formalmente por el nombramiento definitivo en el Senado.
Luces y sombras de su paso por la justicia capitalina
Su gestión en la Ciudad de México dejó cifras que sus equipos presumen sin pudor: miles de sentencias condenatorias, captura de objetivos prioritarios y rediseño institucional de la antigua Procuraduría hacia una Fiscalía capitalina con aspiraciones de mayor autonomía. En contraste con administraciones anteriores, Godoy colocó el discurso de las víctimas en el centro del relato y abrazó la perspectiva de género como bandera en casos de feminicidios y violencia contra mujeres.
Sin embargo, el expediente no llega limpio a la escena federal. La investigación del llamado “cártel inmobiliario” de la CDMX, que involucró a cuadros opositores, y otros procesos contra figuras enemistadas con el oficialismo alimentaron la narrativa de una fiscalía usada como ariete político. Esas acusaciones serán puestas nuevamente bajo la lupa ahora que ella esté a cargo de la FGR.
Autonomía prometida, lealtad probada
El gran dilema que rodea a Ernestina Godoy es sencillo de formular y complejo de resolver: ¿puede una fiscal tan vinculada al proyecto político de la 4T encabezar una institución realmente autónoma del Poder Ejecutivo? En el papel, la FGR está diseñada para funcionar como contrapeso y no como brazo judicial del gobierno; en los hechos, la cercanía de Godoy con la presidencia va a alimentar sospechas de alineamiento sistemático.
Al mismo tiempo, su nombramiento envía un mensaje: el nuevo sexenio no pretende improvisar con la justicia federal. Colocar en la FGR a alguien que conoce por dentro el estilo de gobierno, el origen del movimiento y sus prioridades —combate a la corrupción, derechos humanos, atención a víctimas— garantiza, al menos, que las señales entre Palacio Nacional y la fiscalía no se pierdan en la interferencia de las burocracias.
Lo que está en juego para el sexenio
La FGR concentra los casos de crimen organizado, corrupción de alto nivel, violaciones graves a derechos humanos y delitos electorales de competencia federal, es decir, los expedientes que pueden cimbrar gobiernos o blindarlos. Tener a una figura con alta lealtad política al mando, ofrece al gobierno márgenes de maniobra para negociar con gobernadores, administrar conflictos judiciales y ordenar el uso de la fuerza del Estado frente a élites impunes y grupos criminales.
El proceso para designar de manera definitiva a quien ocupe la cabeza de la FGR pasará por el Senado y por una terna enviada desde el Ejecutivo, un pulso político donde Godoy parte con ventaja: ya está dentro, ya conoce los hilos y cuenta con el respaldo del círculo presidencial. Si logra convertirse en fiscal general, su periodo podría extender la influencia de la 4T más allá del calendario electoral de Claudia Sheinbaum, amarrando una pieza estratégica del andamiaje institucional del país.
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