Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que su grupo parlamentario analiza modificar sustancialmente el dictamen de la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa. La propuesta original, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, incluía el narcomenudeo y la defraudación fiscal como delitos que ameritarían esta medida cautelar.
“Estamos planteando personalmente, desde hace varios días, la exclusión de estos dos tipos penales”, adelantó Monreal en entrevista con Reforma. El legislador reveló que ha sostenido múltiples reuniones con grupos económicos y empresariales que expresaron su preocupación por las implicaciones de incluir la defraudación fiscal en este catálogo. La presión de estos sectores parece estar logrando su cometido justo cuando el dictamen se prepara para discutirse en el Pleno.
Cambios al artículo 19 generan controversia
El dictamen busca reformar el artículo 19 de la Constitución para incorporar nuevos delitos graves al sistema de prisión preventiva oficiosa. Entre los tipos penales contemplados destacan la extorsión, la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando y la expedición de facturas falsas. Sin embargo, precisamente los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal —que generaban mayor controversia— podrían quedar fuera de la versión final.
Monreal justificó la posible exclusión del narcomenudeo argumentando que “frente a lo que está pasando en el país, hay que darle un tratamiento más bien social que punitivo”. Esta postura representa un giro significativo respecto a la iniciativa original, que buscaba endurecer las penas contra quienes participan en la venta de drogas al menudeo. La decisión refleja la tensión entre el enfoque punitivo tradicional y las estrategias de reducción de daños que algunos sectores han promovido.
Grupos empresariales presionan contra inclusión de delitos fiscales
La posibilidad de que la defraudación fiscal quedara catalogada como delito grave desató una intensa campaña de cabildeo por parte de diversos sectores económicos. Monreal reconoció haber atendido a “varios sectores económicos, empresariales, que están preocupados por el tema de la defraudación fiscal, que genere zozobra o incertidumbre”. El legislador sostuvo al menos tres reuniones con representantes de estos grupos antes de la discusión programada para este miércoles.
“Estamos viendo de qué manera lograr que esta preocupación de grupos económicos y empresariales no genere ninguna injusticia en contra de nadie”, explicó el coordinador de Morena. Esta declaración evidencia el peso político que tienen ciertos intereses en la conformación del marco legal mexicano. La reforma, que en teoría buscaba combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria, podría terminar diluyéndose ante las presiones del sector privado.
Extinción de órganos autónomos también se pospone
Paralelamente, Monreal anunció que el dictamen sobre la extinción de siete órganos autónomos fue pospuesto para la próxima semana con el objetivo de mejorar su contenido. “Hemos decidido posponer la discusión sobre los organismos autónomos para el próximo miércoles”, informó el legislador, quien anticipó posibles modificaciones tanto en este dictamen como en el de prisión preventiva.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió sobre los desafíos operativos y legales de extinguir estos organismos. Moreira cuestionó quién asumiría los costos de arrendamientos financieros como el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y cómo se garantizarían los derechos laborales de los empleados afectados. Estas preguntas permanecen sin respuesta clara mientras la discusión se posterga.
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