KILÓMETRO CERO
POR EDGAR FERNANDO CRUZ
13 DE MARZO, 2026.
El pasado miércoles se firmó con diversas plataformas un acuerdo contra la violencia digital hacia las mujeres. En el papel, suena como un avance significativo y un logro loable, siempre y cuando se aplique en la realidad con la misma fuerza con la que se anuncia. No obstante, queda la reflexión de que la protección frente a la agresión en el entorno digital debería extenderse a todo ser humano, trascendiendo géneros o edades. Pero bueno, démoslo por bueno por ahora.
Sin embargo, la pulcritud de la retórica oficial se vino abajo cuando la reportera Dalila Escobar confrontó a la Presidenta. Escobar expuso cómo ha sido violentada por un canal de televisión estatal y sus conductores, un tema que ya hemos puesto sobre la mesa: el uso de los medios del Estado como herramientas de propaganda supercargadas por un proyecto político. Hablamos de programas que, bajo una supuesta faceta “chusca” o de caricatura, rayan en lo soez contra cualquiera que no se alinee con el análisis pro 4T.
La chistosita TV pública violenta a periodistas
Frente a la Presidenta, Escobar puso nombres y apellidos a la problemática, señalando directamente a Jenaro Villamil, funcionario del gobierno:
“…por ejemplo, estas formas de violencia y no pasó nada. Personajes como, por ejemplo, Genaro Villamil pues sigue ahí en su puesto cuando claramente ha fomentado este tipo de formas de violencia. El Canal Once siguió haciendo este tipo de, digo entrecomillas, ‘parodias’, porque no son parodias, son formas de agresión que al menos percibimos quienes hemos estado involucradas o a quienes han tratado de involucrar de manera forzada”.
La reportera fue tajante al deslindar su labor profesional de la de un servidor público y denunció el uso de la libertad de expresión como un escudo para la violencia:
“…no somos servidores públicos como tal. Lo que hacemos es nuestro trabajo, pero hasta cierto punto muchos se escudan y se excusan con el asunto de que es libertad de expresión cuando lo que hacen es fomentar la violencia en contra de muchas de las que hacemos nuestro trabajo… Me parece que es importante, Presidenta, saber si va a tomar en cuenta los contenidos que tienen los medios públicos para no abonar a estas formas de violencia”.
Tras la declaración de la reportera, el discurso de protección a la mujer se desmoronó ante una respuesta presidencial que optó por la distancia institucional:
“Los medios públicos no son medios del gobierno. O sea, tienen sus propios mecanismos de denuncia ciudadana, de las audiencias, y tienen sus propios mecanismos para poder decir si hubo violencia o no por algún tema”.
Es una respuesta deficiente. Hemos visto cómo la “defensoría de las audiencias” se convierte a menudo en una herramienta al servicio del poder (basta recordar casos recientes de censura). Al afirmar que estos medios no pertenecen al gobierno, la Presidenta traslada la responsabilidad de la autorregulación a las propias audiencias y consejos internos de cada canal.
Es un manejo retórico hábil porque, superficialmente, defiende la autonomía de los medios. Pero en la práctica, ignora una realidad innegable: los directores, funcionarios y conductores de estos medios son contratados por el gobierno y obedecen fielmente a las lógicas del movimiento 4t.
Al insistir en los mecanismos internos, la Presidenta evita validar la percepción de agresión de la periodista y deja un vacío peligroso. Mientras se firman acuerdos contra la violencia digital, se permite que las estructuras de comunicación oficialistas operen sin salvaguardas reales para quienes ejercen el periodismo crítico.
PASO DE GATO
Me llamó la atención un par de reportajes con tinte de “investigación” publicados por Televisa en su noticiero estelar la semana pasada. El objetivo: denostar a Rafael Marín Mollinedo, actual director de Aduanas y posible carta fuerte de Morena para Quintana Roo. La disputa por el estado es encarnizada y, por la manufactura de los ataques, todo indica que el proyectil fue inyectado por fuego amigo. La guerra interna también tiene sus propios “daños colaterales”.