Armagedón

Alfredo A. Calderón Cámara

“Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”
Eclesiastés 12:14

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Hernán Bermúdez Requena ejecutó una maniobra jurídica y política mucho más sofisticada de lo que parece a primera vista. No presentó una prueba que destruya las acusaciones penales en su contra. No obtuvo una sentencia absolutoria. No consiguió que un juez declarara inexistentes los hechos por los cuales está sometido a procesos penales

Ni siquiera existe, hasta el momento, una resolución pública de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que determine que Javier May Rodríguez violó ninguno de sus derechos. Hernán Bermúdez, el hombre que durante meses ha aparecido públicamente como imputado, investigado y procesado por ser presuntamente el jefe de la Barredora, ahora pretende convertirse en agraviado y coloca frente a él, como autoridad señalada, al gobernador de Tabasco

La jugada merece ser estudiada sin fanatismos. Ubiquemos: la presunción de inocencia no convierte a Bermúdez en culpable, pero tampoco convierte mágicamente al inculpado en mártir. Mucho menos transforma una queja de derechos humanos en certificado de buena conducta. Bermúdez jurídicamente no tiene, ni remotamente, ganada la batalla que intenta vender políticamente

Entendamos: presunción de inocencia no significa presunción de inexistencia. El derecho de Bermúdez a ser tratado como inocente no obliga al gobernador May Rodríguez ni a la sociedad a fingir que las investigaciones y señalamientos no existen. Esos detalles no obligan a los medios a borrar los expedientes. Tampoco impide informar que existen procesos penales

Hay un océano de diferencia entre decir: “Hernán Bermúdez es responsable de dirigir una organización criminal”, a decir: “Hernán Bermúdez está siendo investigado y señalado por su probable participación en determinados hechos ¿Qué poderosa mano mece la cuna de la carta y la queja desde Almoloya? Existen, cuatro momentos completamente diferentes: presentar una queja; conseguir que sea admitida y tramitada por la autoridad competente; acreditar una violación a derechos humanos; y obtener una recomendación. Bermúdez apenas ha abierto la puerta. Nada más

¿Qué demuestra la queja y la carta? ¿Qué Bermúdez no cometió los delitos investigados? No ¿Anula automáticamente las carpetas penales? Tampoco ¿Desaparecen las vinculaciones a proceso? No ¿Ordena su libertad por el simple hecho de que un gobernador informó a la sociedad? Menos. Ésta es la diferencia que su estrategia política intenta borrar. Su reclamo a una eventual violación a su derecho a ser tratado públicamente como inocente no equivale a una declaración judicial de inocencia respecto de los delitos imputados

Bermúdez Requena puede acusar que sus derechos han sido vulnerados y posteriormente ser condenado o absuelto. Son problemas jurídicos diferentes. La carta manuscrita divulgada por Bermúdez se presenta como una declaración de inocencia y denuncia una supuesta persecución política y mediática. De repente rompe el silencio, pero no incorpora nuevos elementos probatorios de inocencia que desmantelen materialmente las acusaciones, ni su posición personal frente al tamaño de las acusaciones

Revela sólo estrategia. A Hernán Bermúdez le basta iniciar una disputa en el terreno político. Hasta ahora ante la inmensidad de pruebas documentales y señalamientos directos de víctimas que obran en tribunales la pregunta dominante es ¿Qué tanta responsabilidad tiene Hernán Bermúdez en los hechos por los cuales es investigado? Él, ahora intenta introducir otra: ¿Se utilizaron desde el gobierno declaraciones políticas para presentarlo como culpable antes del juicio? ¿Por qué huyó a Paraguay?

Es una maniobra inteligente. Porque pretende desplazar parcialmente el foco ¡De acusado a acusador, de investigado a víctima, del expediente penal a los derechos humanos! De los actos atribuidos a Bermúdez a las palabras pronunciadas por Javier May. No borra la primera discusión, pero intenta contaminarla. Una cosa es demostrar que una autoridad utilizó una expresión incompatible con la presunción de inocencia. Otra, muchísimo más compleja, es acreditar una persecución política institucional

La queja utiliza publicaciones de medios nacionales como elementos para documentar la difusión de declaraciones oficiales. Aunque los medios sólo actuaron como vehículos de información pública. Una cosa es utilizar notas periodísticas para acreditar que determinada declaración existió y tuvo difusión. Otra completamente distinta sería pretender que publicar que una autoridad dijo algo convierte automáticamente al periodista en perseguidor, el periodismo está obligado a informar responsablemente

Puede decir que alguien está imputado, explicar de qué se le acusa, analizar expedientes disponibles, cuestionar contradicciones, investigar. Lo que responsablemente no hace es presentar como sentencia propia aquello que aún corresponde determinar a los tribunales. Y tratándose de Hernán Bermúdez, exsecretario de la seguridad pública de Tabasco, el interés social sobre las investigaciones resulta evidente. Pretender que la presunción de inocencia imponga silencio periodístico, sería otra aberración

El periodista Víctor Hugo Arteaga, quien tuvo acceso a la queja y a una carta manuscrita de Bermúdez Requena, relacionó públicamente la aparición de la carta y la queja con el momento político alrededor de Adán Augusto López Hernández y mencionó versiones sobre presiones provenientes de Estados Unidos. Esta precisión es indispensable. No puede afirmarse seriamente que Bermúdez presentó la queja por instrucciones de Adán Augusto. Pero negar que el momento tiene significado político sería igualmente ingenuo

Bermúdez rompe el silencio y lanza una ofensiva pública justo cuando su caso continúa estancado en la FGR. La estrategia elegida tiene un efecto político objetivo: si logra instalar que Javier May lo prejuzgó, ese razonamiento no prueba jurídicamente interferencia, pero políticamente es dinamita, no necesita demostrar nada inmediatamente. Le basta sembrar la sospecha, Javier May debe entender algo elemental. Existen expedientes sólidos, existen pruebas, él no debe responder, que hable la Fiscalía

Bermúdez Requena necesita alimentar una narrativa de persecución. Javier May tiene una respuesta jurídicamente poderosísima disponible: “Respeto su presunción de inocencia. Existen investigaciones y procesos que serán resueltos por las autoridades competentes. Mi gobierno no protegerá a nadie ni condenará a nadie desde una conferencia.” Eso no es debilidad. Eso es institucionalidad y deja a Bermúdez enfrentándose con aquello de lo que intenta escapar políticamente: los expedientes

El extraño rompimiento del silencio de Hernán Bermúdez -ex empleado de Adán Augusto López- abre demasiadas sospechas. El “Genaro García Luna de Adán Augusto desde la cárcel de alta seguridad del Altiplano se declara perseguido”. El presunto jefe de la Barredora procesado denuncia vendetta. Y mientras, los ampliamente reclutados pelean frente a las cámaras, Tabasco sigue esperando algo muchísimo más sencillo: que los tribunales determinen la verdad jurídica ante el silencio roto de un Bermúdez apandillado contra May

SEPTIMO SELLO
Sería irresponsable soslayar la lectura política de un grupo apandillado que busca la caída de Javier May; nadie puede ignorar que existen adversarios agrupándose alrededor suyo. Existe una semejanza que merece vigilancia: cuando grupos desplazados, intereses afectados, antiguos aliados, adversarios partidistas y personajes sometidos a investigaciones comienzan a coincidir en golpear al mismo gobierno, ya no son sólo críticas aisladas. Se observa una convergencia. Y las convergencias políticas rara vez nacen por romanticismo. Nacen por intereses

Hasta el 3 de agosto, Bermúdez Requena era el hombre obligado a responder y guardaba silencio bajo la complicidad de un expediente prácticamente usado de almohada en el ataúd de Adán Augusto. Hoy intenta convertir a Javier May en quien tenga que explicarse. Ésa es la verdadera jugada. Tabasco no olvida que la sangre derramada no puede ser borrada por una carta, vivió un sexenio de violencia, homicidios, extorsiones, desapariciones, miedo y penetración criminal

SEPTIMA TROMPETA
Las responsabilidades individuales tendrán que determinarse judicialmente: al sicario que ejecuto, quién dio la orden y quien nombró al que dio la orden. No puede adjudicarse toda esa sangre a una persona simplemente porque políticamente resulte conveniente. Pero tampoco puede permitirse que el debate termine reducido si un gobernador utilizó correctamente un adjetivo. Hay familias que enterraron hijos. Hay policías asesinados. Hay comerciantes extorsionados. Hay comunidades que conocieron el miedo. Toda esa sangre también tiene derechos humanos. Y exige algo mucho más importante que una guerra de comunicados: exige verdad y justicia

La respuesta ya está parcialmente a la vista. Estados Unidos está persiguiendo dinero, redes financieras, empresas factureras, operadores, funcionarios, vínculos políticos y estructuras completas alrededor de los cárteles. Está utilizando acusaciones penales, sanciones económicas y legislación antiterrorista con una agresividad que supera el modelo tradicional de perseguir únicamente capos. Cuando una potencia extranjera comienza a seguir la red en lugar de perseguir solamente al pistolero, los nervios aparecen en lugares bastante más elegantes que una casa de seguridad

SEPTIMA COPA
Aparecen en despachos y notarías. En oficinas públicas y empresas. Y eventualmente, si existen pruebas, en carreras políticas. Quizá, solamente quizá, Tabasco termine siendo sacudido como al borracho apandillado al que de repente le encienden la luz del cuarto y descubre todo lo que rompió durante la noche. No adelantemos culpables. Adelantemos una advertencia: una cosa es real, los tiempos siguen cambiando