UIF acusa a Murillo Karam, preso por caso Ayotzinapa, de lavado de dinero y defraudación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que detectó que una empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada con licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que dirigia Gerardo Ruiz Esparza, entre 2013 y 2015 justo cuando él se desempeñaba como procurador general de la República por lo que se habría configurado el delito de tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado de dinero.
Por estas acciones, la UIF presentó una denuncia por estos ilícitos el 14 de noviembre de 2022 ante la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“En esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
En una tarjeta informativa, la unidad que dirige Pablo Gómez, detalló que tras un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) y mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, se pudo detectar que la empresa ligada al exprocurador obtuvo contratos de la SCT.
La UIF concluyó que dichas licitaciones se habrían dado como un intercambio de favores entre funcionarios pues el secretario del exprocurador era el hijo de Gerardo Ruiz Esparza, quien en dicho periodo fungía como titular de Comunicaciones y Transportes.