La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los temas del Plan B de la reforma electoral no buscan disminuir el presupuesto destinado a los estados, sino reducir privilegios dentro de las estructuras legislativas y municipales para redirigir recursos a obras públicas y servicios locales.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que la propuesta plantea ajustes en la integración de congresos estatales, ayuntamientos y otras estructuras políticas, con el objetivo de disminuir gastos administrativos y destinar esos recursos directamente a municipios y entidades federativas.
La presidenta también señaló que analiza la posibilidad de modificar fechas relacionadas con procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, como parte de los cambios contemplados en los temas del Plan B.
¿Por qué el gobierno plantea cambios en congresos estatales y ayuntamientos?
La mandataria explicó que uno de los objetivos centrales de la reforma es reducir el número de legisladores locales y regidores, así como los recursos asociados a sus estructuras de apoyo.
Según detalló, los recursos que actualmente se destinan a salarios, asesores y beneficios dentro de los congresos locales y ayuntamientos podrían redirigirse a necesidades prioritarias de la población.
Entre estas necesidades mencionó obras municipales, programas de agua potable, drenaje y mantenimiento urbano, incluyendo reparación de calles.
La presidenta sostuvo que la intención es eliminar privilegios dentro de las instituciones políticas sin afectar los recursos que corresponden a los estados.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre el avance del Plan B?
La mandataria indicó que aún no existe certeza sobre si la reforma será aprobada en el Congreso.
Señaló que dentro del proyecto existen puntos que el gobierno considera esenciales, por lo que se mantendrá a la espera del proceso legislativo para conocer la decisión final de los legisladores.
También explicó que el Ejecutivo federal conocía previamente que algunos partidos aliados y de oposición no respaldarían la iniciativa en su forma original.
A pesar de ello, afirmó que el envío de la reforma respondió a un compromiso político adquirido con la ciudadanía durante el proceso electoral.
¿Qué postura tienen los partidos aliados frente a la reforma?
La presidenta indicó que, según información recibida, los partidos aliados han llegado con disposición a las mesas de trabajo donde se analiza la iniciativa.
Sin embargo, señaló que el resultado de esas conversaciones dependerá de si esa disposición se traduce en acuerdos concretos durante la discusión legislativa.
La mandataria reconoció que desde el inicio existía la posibilidad de que partidos como PT y Partido Verde no respaldaran algunos puntos de la propuesta, mientras que otras fuerzas políticas ya habían manifestado su rechazo.
También consideró que el debate legislativo permitirá identificar qué partidos respaldan o rechazan los cambios planteados.
¿Por qué se analizan cambios en fechas de procesos electorales?
Entre los temas del Plan B también se encuentra el análisis de modificar la fecha de la elección judicial y del ejercicio de revocación de mandato.
La presidenta explicó que se evalúa la posibilidad de mover estos procesos al año 2028.
De acuerdo con la explicación presentada, uno de los factores que se analizan es el impacto presupuestal y logístico de realizar varias votaciones en un mismo año.
La mandataria señaló que en 2027 se utilizaría una gran cantidad de boletas electorales, lo que podría generar complejidad operativa para los ciudadanos.
También mencionó que el gobierno federal está a la espera de la opinión del Instituto Nacional Electoral para evaluar los posibles escenarios.
¿Qué argumentos presentó sobre el gasto legislativo en los estados?
Durante la conferencia, la presidenta expuso diferencias en el gasto que representan los congresos locales en distintas entidades del país.
Como ejemplo, mencionó que en Baja California el costo anual por diputado local alcanza aproximadamente 38 millones de pesos, considerando salarios, personal y servicios.
En contraste, señaló que en Colima el gasto estimado por legislador es cercano a cinco millones de pesos.
La mandataria indicó que estas diferencias reflejan la necesidad de revisar el uso de los recursos públicos dentro de los poderes legislativos estatales.
Según su planteamiento, parte de ese presupuesto podría destinarse a obras públicas en municipios con mayores necesidades.
¿Qué otros temas políticos abordó la presidenta?
La mandataria también se refirió a la decisión de Morena de emitir lineamientos para designar coordinadores en defensa de la transformación.
Explicó que este proceso interno no está vinculado con los tiempos electorales y sostuvo que el partido utiliza el método de encuestas para definir estas posiciones.
Asimismo, consideró que estas decisiones forman parte de la organización interna del partido y no representan una violación a la legislación electoral vigente.
En paralelo, la presidenta reiteró que el gobierno continuará impulsando cambios que reduzcan privilegios dentro de las instituciones públicas y permitan redirigir recursos hacia programas y obras destinadas a la población.
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