La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un conjunto de leyes secundarias que revierten las reformas energéticas de 2013 impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto. Con estas modificaciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalecen como empresas públicas del Estado, con el objetivo de hacerlas más eficientes y transparentes bajo los principios de la Austeridad Republicana.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que estas reformas representan una “reversión” de las políticas privatizadoras de la administración anterior. “Recuperamos el sentido público de CFE y Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México”, señaló. Aunque se mantendrá la producción privada, el enfoque principal será el fortalecimiento de las empresas públicas, fundamentales para garantizar la soberanía energética del país.
El paquete de reformas incluye seis leyes principales, entre las que se encuentran la Ley de la Empresa Pública del Estado para Pemex y CFE, así como la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos. Además, se armonizan cinco leyes adicionales que refuerzan la regulación y la planificación del sector energético.
Sheinbaum destacó que, como parte de estas reformas, el Plan de Inversiones de CFE para el periodo 2025-2030 estima una inversión de 23,400 millones de dólares, lo que garantizará la suficiencia energética en el país y permitirá la expansión de la infraestructura eléctrica, incluyendo la generación, transmisión y distribución de energía.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que estas reformas son un paso decisivo para consolidar la soberanía energética de México, con un enfoque en la justicia social y el desarrollo sustentable. En este sentido, destacó la creación de programas como el Plan de Transición Energética y el reconocimiento de la “justicia energética” para reducir las desigualdades en el acceso a la energía.
Las reformas también incluyen un cambio significativo en la estructura de Pemex y CFE, eliminando la separación estricta que dificultaba su operación eficiente. Ambas empresas podrán integrarse de manera horizontal y vertical, mejorando su capacidad para cumplir con su función social.
Además, se establecen nuevas regulaciones para el sector eléctrico, que aseguran la prevalencia de CFE en la generación y distribución de electricidad, así como la participación de la iniciativa privada bajo un esquema que respete la participación mayoritaria del 54% de CFE. En el caso de Pemex, se prioriza su rol en la exploración y extracción de hidrocarburos, así como su recuperación de la industria petroquímica y la producción de fertilizantes gratuitos.
Con estas reformas, el gobierno federal busca garantizar un sector energético fuerte, confiable y accesible para todos los mexicanos, reafirmando su compromiso con la soberanía y la justicia energética.
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