El Segundo Juzgado de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmó que seis postores calificados participarán en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa). Los activos se venderán juntos, como una sola unidad productiva.
La audiencia pública quedó fijada para el 25 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas, en el auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
La jueza Ruth Haggi Huerta García autorizó una prórroga de tres días hábiles, pedida por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, para exhibir la garantía de seriedad.
¿Quiénes intervinieron para habilitar la venta conjunta?
El Órgano de Administración Judicial precisó que los acreedores garantizados y los fiduciarios de los fideicomisos de garantía ya entregaron al síndico las cartas de conformidad. Esas cartas permiten incluir los bienes sujetos a garantía en la venta conjunta.
Entre esos acreedores se mencionan Cargill, Banco Afirme, Unifin, Caterpillar, Pemex y Tubacero. El juzgado no dio a conocer los nombres de los seis postores calificados. Varios de ellos podrían ser esos mismos acreedores, porque el esquema les otorga de forma automática esa calidad.
¿Por qué falló el primer intento de subasta de Altos Hornos?
La venta llega después de que el primer intento, convocado para el 27 de febrero de 2026, se declarara desierto. En esa ocasión no se cumplieron dos requisitos: la conformidad de los acreedores garantizados para liberar los bienes y la exhibición de la garantía de seriedad por el único postor precalificado.
El juzgado otorgó entonces un plazo para presentar una nueva propuesta de enajenación. AHMSA y Minosa enfrentan concursos mercantiles acumulados, con expedientes 19/2023 y 77/2022.
AHMSA fue en su momento la siderúrgica más grande de México y de América Latina. Las empresas dejaron de operar de forma regular y acumularon deudas laborales, fiscales y con proveedores.
El objetivo declarado de venderlas como unidad productiva es preservar la capacidad operativa del complejo siderúrgico de Monclova, Coahuila, y de los activos mineros. Los recursos se destinarán primero al pago de obligaciones laborales.
¿Cuál es el valor de referencia y qué se debe a los trabajadores?
El valor de referencia de la unidad productiva se ha situado en torno a mil 326 millones de dólares: mil 201 millones corresponden a AHMSA y 125 millones a Minosa. En etapas anteriores se fijó un valor mínimo de referencia equivalente al 85 por ciento de un avalúo, cerca de mil 127 millones de dólares.
La garantía de seriedad que deben presentar los postores se estima en decenas de millones de dólares. En días previos, el mismo juzgado estableció una bolsa total de 19 mil 248 millones 594 mil pesos para créditos laborales preferentes y no preferentes.
Esa bolsa se cubrirá según los recursos que se obtengan en la subasta. El padrón oficial contempla 13 mil 907 ex trabajadores de ambas empresas.
Para AHMSA, en Monclova, se reconoció una plantilla de 9 mil 857 trabajadores. Los pagos prioritarios suman 3 mil 57 millones 884 mil 978 pesos y el adeudo no preferente llega a 13 mil 247 millones 298 mil 917 pesos.
En el caso de Minosa, los pagos prioritarios superan los 618 millones de pesos y los no preferentes rondan los 2 mil millones de pesos. El cobro efectivo de estas cantidades dependerá de lo que se recaude.
Los créditos laborales preferentes tienen prioridad sobre otros acreedores, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.
¿Qué sigue después de la audiencia del 25 de septiembre?
Con las cartas de conformidad ya presentadas y los seis postores calificados, el juzgado considera que están dadas las condiciones para celebrar la audiencia. El síndico deberá verificar el cumplimiento de la garantía de seriedad dentro del plazo adicional autorizado.
Si no se presentan posturas válidas o no se cubren los requisitos, el proceso podría volver a declararse desierto. La resolución judicial reitera que el eje de la subasta de Altos Hornos es la conservación de las empresas y la protección de los intereses de los trabajadores.
El resultado definirá el destino de uno de los complejos industriales más relevantes del norte de México y de miles de familias que esperan el pago de salarios y prestaciones pendientes desde hace años.
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