La Cámara de Diputados se prepara para discutir una reforma que redefine el delito de abuso sexual en México, con el objetivo de homologar criterios y sanciones en todo el país. La minuta, enviada por el Senado el pasado 9 de diciembre, plantea penas de hasta 10 años de prisión y medidas obligatorias de reeducación para los agresores.
La iniciativa se encuentra pendiente de votación en San Lázaro y deberá ser abordada en enero o a partir del 1 de febrero, cuando inicia el próximo periodo ordinario de sesiones. Legisladoras de Morena consideran que su aprobación es prioritaria por el impacto que tendría en el combate a la violencia sexual.
Desde el Senado se destacó que la reforma responde a una instrucción presidencial para fortalecer el marco legal en materia de protección a las víctimas, especialmente mujeres y niñas, y cerrar espacios a la impunidad.
¿Qué cambios introduce la reforma al delito de abuso sexual en México?
La propuesta modifica el Código Penal Federal para redefinir el tipo penal del abuso sexual. El principal cambio consiste en eliminar criterios basados en estereotipos de género que, según legisladoras, han limitado el acceso a la justicia para las víctimas.
Uno de los elementos centrales es que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física ya no podrán interpretarse como consentimiento. Con ello, se busca evitar interpretaciones que trasladen la carga de la prueba a la persona afectada.
La reforma también establece sanciones uniformes a nivel nacional, con penas de prisión que pueden alcanzar los 10 años, además de medidas de reeducación obligatoria para quienes resulten responsables.
¿Cuándo se votará la minuta en la Cámara de Diputados?
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados un día antes del cierre del actual periodo legislativo. Debido a los tiempos parlamentarios, su discusión quedó pendiente para el siguiente ciclo de sesiones.
La presidencia de la Comisión para la Igualdad de Género informó que la votación podría realizarse en enero, incluso mediante un periodo extraordinario, o bien a partir del inicio formal del nuevo periodo ordinario el 1 de febrero.
Desde la Junta de Coordinación Política no se descartó la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para atender esta y otras reformas enviadas por el Senado.
¿Por qué se considera prioritaria esta reforma en materia de violencia de género?
Legisladoras que impulsan la iniciativa señalaron que la redefinición del delito de abuso sexual en México forma parte de un proceso más amplio para fortalecer el marco jurídico contra la violencia de género.
Durante el actual periodo legislativo se han aprobado diversas modificaciones legales orientadas a garantizar la igualdad sustantiva y mejorar los mecanismos de protección para las mujeres.
En este contexto, se destacó la aprobación de 17 leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia de igualdad, las cuales fueron avaladas recientemente por el Senado y enviadas al Ejecutivo federal para su promulgación.
¿Qué relación tiene esta reforma con la agenda de igualdad sustantiva?
El paquete de reformas aprobado en el Senado fue presentado como uno de los más amplios en favor de los derechos de las mujeres en los últimos años. La modificación al tipo penal de abuso sexual se inscribe dentro de esa misma agenda.
Las legisladoras involucradas señalaron que el objetivo es construir un marco normativo coherente que permita prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género desde distintos frentes.
Además de la reforma penal, se adelantó que durante el receso legislativo se trabajará en otros temas relacionados con la igualdad, como la eliminación de la brecha salarial, el fortalecimiento de la atención a la salud mental y el reconocimiento histórico de las mujeres.
¿Qué impacto tendría la homologación de penas a nivel nacional?
La homologación de sanciones busca evitar disparidades entre entidades federativas en la persecución del delito de abuso sexual en México. Actualmente, las diferencias en definiciones y castigos pueden generar vacíos legales y tratamientos desiguales.
Con esta reforma, se pretende establecer un estándar mínimo nacional que facilite la procuración de justicia y brinde mayor certeza jurídica a las víctimas.
El debate en la Cámara de Diputados será clave para definir el alcance final de la reforma y su implementación en todo el país.
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