Investigaciones recientes han revelado que la Red de huachicol une a Sedena, Teuchitlán y los gigantes petroleros. Durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en 2020, se detectaron compras millonarias de diésel a empresas que después se vinculaban con tráfico ilícito de combustible. Este hallazgo expone cómo operaciones de Estado se intersectan con redes criminales.
Sedena y la compra de diésel sospechosa
En Cambio Diario informa que la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió más de 500 millones de pesos en diésel a Ecocarburante SA de CV, una compañía que posteriormente se relacionó con huachicol. Esta adquisición se realizó en el marco del AIFA, y los montos involucrados generaron alertas sobre posibles irregularidades y nexos con operaciones ilícitas. {Ecocarburante SA de CV} fue clave en la logística de combustible que luego sería parte de investigaciones por corrupción y lavado de dinero.
Los empresarios involucrados
Eric Daniel Zamora Delgadillo
Eric Daniel Zamora Delgadillo, ex presidente de Agrícola Boreal —empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico—, es uno de los principales socios de Ecocarburante. También ha sido apoderado de Impulsora de Productos Sustentables, compañía señalada en la distribución de combustibles ilícitos. Su trayectoria evidencia la conexión entre negocios formales y operaciones ilícitas dentro del sector energético.
José Isabel Murguía Santiago
José Isabel Murguía Santiago, hermano del ex alcalde de Teuchitlán actualmente en prisión, es socio y administrador de Impulsora de Productos Sustentables y Mefra Fletes. Ambas empresas participaron en decomisos millonarios de huachicol en Tamaulipas y Baja California. Durante 2020, Murguía consolidó su control sobre Impulsora, llegando a presidir su consejo de administración y reforzando la red empresarial que facilitaba el comercio de combustible ilegal.
Estructura de la red empresarial
Ecocarburante SA de CV
Esta empresa funcionó como proveedor de diésel para la Sedena y mantuvo conexiones con otros actores de la red. Sus representantes, como Édgar Marín Meza Moreno, también presidieron consejos de administración de otras compañías involucradas. Las operaciones de Ecocarburante se entrelazaban con empresas transportistas y financieras que formaban parte del entramado ilícito.
Impulsora de Productos Sustentables
Impulsora de Productos Sustentables actuó como intermediaria de Pemex, distribuyendo turbosina y gasavión a la aerolínea Interjet. Además, mantuvo acuerdos financieros con Ecocarburante, incluyendo un adeudo de 175 millones de pesos que se utilizó para aumentar el capital de la empresa. {Impulsora de Productos Sustentables} se convirtió en un eje central de la red de huachicol y lavado de dinero, mostrando cómo empresas legales pueden cubrir actividades ilícitas.
Mefra Fletes
Mefra Fletes, empresa transportista vinculada con decomisos masivos de combustible, compartía socios y representantes con Ecocarburante e Impulsora. Su papel fue clave para mover el combustible robado a distintas regiones del país, integrando la cadena de distribución del huachicol con los proveedores legales del Estado.
Operaciones ilícitas y nexos con Pemex
Las investigaciones revelan que estas tres compañías no solo participaron en huachicol, sino también en evasión fiscal y lavado de dinero. La red funcionaba aprovechando relaciones familiares y políticas, facilitando la circulación de combustibles ilícitos bajo la cobertura de contratos legales. La frase clave, Red de huachicol une a Sedena, Teuchitlán y los gigantes petroleros, aparece nuevamente al describir cómo esta interacción entre empresas legales y criminales fortaleció la red.
Investigaciones periodísticas
Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la revista Contralínea documentaron estas conexiones. Sus reportes destacan que personajes como Miguel Castellanos Cruz y Daniel Alejandro Soto Manrique fungieron como representantes en varias empresas, consolidando un entramado complejo que mezclaba contratos estatales y actividades criminales.
Impacto y conclusiones
El análisis de estos casos demuestra cómo la Sedena, sin intención aparente, se vio involucrada en una red de huachicol que combinaba intereses políticos, familiares y empresariales. La red no solo afectó a la seguridad energética del país, sino que también expuso la vulnerabilidad de operaciones estatales ante actores ilícitos. La historia de estas compañías ofrece una lección sobre la importancia de supervisión rigurosa y transparencia en los contratos públicos.