La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer una ley general contra la extorsión. El objetivo es que este delito se persiga de oficio en todo el país, ante el aumento sostenido de casos, a diferencia de otros delitos que han registrado una baja. En Cambio Diario te trae la información.
¿Qué es la extorsión perseguida por oficio y qué busca la reforma de Sheinbaum?
La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso tenga facultades expresas para legislar en materia de extorsión, como ya ocurre con delitos como secuestro, trata de personas y desaparición forzada.
Reforma para que la extorsión sea perseguida de oficio
Entender qué es la extorsión perseguida por oficio implica saber que el Estado asume directamente la responsabilidad de investigar y sancionar el delito, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia formal. Esto busca proteger a quienes enfrentan riesgos al denunciar, al tiempo que refuerza la capacidad institucional de respuesta.
La iniciativa incluye la creación de un tipo penal único a nivel nacional, agravantes, sanciones específicas y mecanismos de prevención, atención y reparación del daño. La ley general que se derive obligará a las entidades federativas a armonizar sus legislaciones locales.
Estrategia nacional contra la extorsión
El pasado 6 de julio, el Gobierno federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta política integral contempla medidas como:
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Detenciones basadas en inteligencia.
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Capacitación de operadores del número de emergencias 089.
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Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al delito, con apoyo de la UIF.
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Solicitud de órdenes judiciales para bloquear líneas y celulares en cárceles.
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Operativos en penales para decomisar equipos de comunicación.
Un paso hacia el combate integral del delito
La inclusión de la extorsión perseguida por oficio en la Constitución permitiría al Estado actuar de forma más rápida y efectiva frente a uno de los delitos de mayor impacto económico y emocional en el país. Además, busca dejar de cargar a la víctima con la responsabilidad exclusiva de activar el proceso legal.
Con esta reforma, el Estado busca asumir plenamente su papel en la persecución de la extorsión, fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que la respuesta sea homogénea en todo el territorio nacional. La reforma está en sintonía con las acciones de seguridad implementadas para detener a grupos dedicados a la extorsión.