La Cámara de Diputados avaló en lo particular un paquete de 18 reservas al dictamen de la Ley General de Aguas, así como a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Estas modificaciones fueron impulsadas por Morena, PT y PVEM con el propósito de atender las inquietudes de los grupos campesinos que han manifestado su rechazo a la nueva normativa.
El dictamen aprobado incorpora ajustes relacionados con los derechos sucesorios del agua, la regularización de pozos de libre alumbramiento y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de administración del recurso. También amplía los plazos para solicitar prórrogas de concesiones.
¿Por qué se presentaron nuevas modificaciones al dictamen?
El debate se prolongó durante varias horas y generó tensiones entre legisladores de la mayoría y de la oposición. Durante la votación en lo particular, se incorporó el paquete de reservas impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se suma a las 50 modificaciones introducidas al proyecto original desde el viernes anterior.
Los ajustes buscan aclarar interpretaciones polémicas sobre el alcance del dictamen. Entre las preocupaciones expresadas por diversos sectores estaban la posible retroactividad de la ley, el riesgo de despojo de recursos hídricos y las reglas para heredar concesiones. Las reservas pretenden establecer procedimientos más expeditos y precisos para la reasignación de volúmenes de agua.
¿Qué cambia en los derechos de sucesión y transmisión del agua?
El artículo 22 de la LAN establece que los derechos de una concesión no pueden transmitirse. Con la nueva redacción, se aclara que los derechos preferentes derivados de transmisión de propiedad, fusiones, escisiones y sucesiones deberán reasignarse conforme al artículo 37 Bis 1.
La Comisión Nacional del Agua deberá resolver estos trámites mediante procedimientos expeditos en un plazo máximo de 20 días hábiles. También se precisa que la autoridad “reasignará” los volúmenes, lo que implica la obligatoriedad del acto administrativo.

¿Cuáles son los cambios en los plazos y tipos de uso del agua?
El artículo 24 amplía el periodo para solicitar la prórroga de concesiones: ahora podrá tramitarse desde tres años antes de su vencimiento y hasta seis meses previos, en lugar de los dos años establecidos inicialmente.
Además, se añade que las actividades acuícolas se considerarán dentro de los usos que no implican cambio de uso del agua, junto con las actividades agrícolas y pecuarias.
¿Qué sanciones nuevas se contemplan en el dictamen?
El artículo 123 Bis 3 incrementa las penas de prisión para quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Se pasa de un rango de tres a cinco meses, y de seis a ocho meses si el volumen supera los 50 mil litros.
Otro ajuste relevante se encuentra en el artículo 123 Bis 5, que eleva las penas para servidores públicos que otorguen concesiones o prórrogas a cambio de sobornos. Las sanciones aumentan de un máximo de ocho años a hasta 14 años de prisión.
¿Cómo se regulan los pozos de libre alumbramiento y los sistemas comunitarios?
El artículo quinto transitorio establece que en los lineamientos para regularizar pozos de libre alumbramiento se deberá evitar el acaparamiento del recurso.
En el artículo 4 se precisa que cualquier disminución o cancelación de volúmenes concesionados deberá realizarse con valoración técnica y notificación oportuna a las personas usuarias.
La Ley General de Aguas incorpora un reconocimiento explícito a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento administrados por pueblos indígenas y afromexicanos, los cuales se sujetarán a la ley reglamentaria del artículo 2º constitucional.
¿Por qué la oposición cuestionó el proceso legislativo?
El PRI y el PAN señalaron que las reservas no solucionan los problemas que señalan resolver. Argumentaron que algunas modificaciones benefician más a grandes corporaciones que a pequeños usuarios y cuestionaron la falta de consultas a los pueblos indígenas.
La mayoría parlamentaria respondió que las críticas se basan en información imprecisa y afirmó que el dictamen no afecta los derechos de los productores. Destacó que ya se realizaron ejercicios de consulta en 2019 durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
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