Proponen prisión preventiva para combatir extorsión
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió una iniciativa del Congreso de Guerrero para reformar el artículo 19 de la Constitución y añadir la extorsión al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida busca frenar una práctica que afecta tanto a empresarios como a ciudadanos, utilizada no solo por grupos delictivos, sino también por individuos que ven en ella una forma de obtener ingresos ilícitos.
La propuesta, que ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, subraya el impacto devastador de la extorsión en comerciantes y pequeños empresarios, generando daños psicológicos y físicos, además del temor a perder bienes o ahorros.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión es uno de los delitos más frecuentes en México, con una incidencia de 5,134 casos por cada 100,000 habitantes. La mayoría de estos delitos, un 88.9%, se cometen vía telefónica, modalidad que ha incrementado en los últimos años.
El Inegi también revela que hasta 97 de cada 100 extorsiones no se denuncian, debido a la desconfianza en las autoridades, la percepción de que es una pérdida de tiempo, y el miedo a ser nuevamente extorsionados, incluso por las mismas autoridades.
El Congreso de Guerrero señala que los grupos delictivos utilizan comúnmente la extorsión telefónica para amenazar con secuestros si no se paga una suma de dinero, encuadrando estas acciones en el “cobro de derecho de piso” o “cobro de protección”.
La inclusión de la extorsión en los delitos que merecen prisión preventiva, argumentan los legisladores guerrerenses, busca garantizar que los detenidos permanezcan en prisión durante el proceso penal, protegiendo así a las víctimas, testigos y a la sociedad en general. Se sostiene que la libertad de los extorsionadores representa un grave peligro y que la sociedad clama por evitar que los jueces liberen a estos delincuentes.
El Congreso de Guerrero critica que la actual situación convierte a los Ministerios Públicos y Juzgados Penales en “puertas giratorias”, donde los extorsionadores continúan delinquiendo tras ser liberados.
Conforme al artículo 71 de la Constitución Política, las legislaturas de los estados, al igual que el presidente de la República, diputados, senadores y una agrupación de ciudadanos equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores, están facultados para proponer iniciativas de reforma. Esta propuesta busca reforzar la seguridad y justicia en Guerrero y en todo México.
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