Entre 2022 y 2023, el Instituto de Vivienda de Baja California Sur habría canalizado 10 millones de pesos a la campaña interna de Adán Augusto López Hernández en Morena, según la testimonial del extesorero Javier Ramírez, quien señala la existencia de una red de operadores encabezada por altos funcionarios del estado. La fiscalía Anticorrupción ya investiga el caso.
El 5 de noviembre de 2022, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, declaró públicamente su apoyo a Adán Augusto López Hernández, candidato de Morena en la elección interna del partido:
“Yo no voy a andar con medias tintas, va todo mi respaldo en este trecho a Adán Augusto López Hernández”.
Tras este respaldo, según la testimonial del extesorero del Instituto de Vivienda (INVI), Javier Ramírez, comenzaron operaciones internas presuntamente a favor de López Hernández, durante la administración de la entonces titular del INVI, Fernanda Villarreal.
Denuncia de una red de corrupción
La testimonial de Ramírez, aún fuera de la carpeta de investigación, detalla una presunta red de corrupción encabezada por el exsecretario de Gobierno y hoy senador Homero Davis, la exdirectora del INVI Fernanda Villarreal, el exdirector de Finanzas Juan Manuel Reyes y alrededor de seis operadores.
Según el relato, entre noviembre de 2022 y junio de 2023 se realizaron solicitudes de dinero que suman aproximadamente 10 millones de pesos, presuntamente destinados a la campaña interna de López Hernández:
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Noviembre 2022: 1 millón de pesos solicitado por Homero Davis.
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Mismo mes: 2 millones de pesos solicitados por Villarreal.
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Febrero-junio 2023: transferencias recurrentes entre 1 y 1.5 millones de pesos por mes.
Los pagos habrían sido entregados por los operadores en un establecimiento conocido como “Los abuelos” en La Paz, bajo instrucciones de Villarreal y Reyes.
Investigación de la Fiscalía Anticorrupción
Desde 2024, la Fiscalía Anticorrupción de BCS investiga el desvío de decenas de millones de pesos mediante miles de transferencias bancarias simuladas dentro del propio INVI. El fiscal Lenin Ortiz explicó:
“El modus operandi era la simulación de cuentas o traspaso entre cuentas del propio Instituto; estas transferencias iban a cuentas de particulares que no tenían ninguna relación con el INVI”.
La audiencia inicial contra dos cabecillas del INVI está programada para el 5 de marzo de 2026, mientras que Villarreal y otros señalados han declarado que no tienen comentarios sobre su relación con López Hernández.
Posibles vínculos con actividades parlamentarias
Aunque no se vincula directamente a López Hernández en la investigación, documentos en poder de N+ Focus sugieren que las actividades de Villarreal en el Senado, como investigadora parlamentaria, podrían estar relacionadas con el esquema de financiamiento. Su jefe directo es un funcionario del Instituto Belisario Domínguez, cuyo comité directivo preside López desde septiembre de 2024.
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