La Cámara de Diputados aprobó el 21 de octubre de 2025, en procedimiento “fast track”, la reforma a la Ley Aduanera tras una corrección del Senado que retrasó su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2026. La votación cerró con 343 votos a favor y 123 en contra, con el respaldo de Morena, PVEM y PT, y la oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Error del Senado y nuevo debate legislativo
El proyecto inicial contemplaba que la ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación, pero el Senado modificó el artículo transitorio para posponer su aplicación hasta enero de 2026, argumentando la necesidad de adecuaciones tecnológicas. Este cambio obligó a devolver la minuta a Diputados, desatando críticas de la oposición por una supuesta “legislación al vapor”.
Diputadas de Movimiento Ciudadano y el PAN cuestionaron la falta de seriedad del proceso y acusaron al bloque oficialista de aprobar sin análisis de fondo, lo que avivó el debate sobre la forma en que posponen la Ley Aduanera.
Fast track: aprobación urgente y polémica
El procedimiento fast track permitió votar la modificación sin pasar por las comisiones ordinarias. Desde la presidencia de la Mesa Directiva, se aclaró que la discusión se limitaría al cambio en el transitorio, mientras que Morena defendió la medida como un paso necesario para garantizar la modernización de las aduanas.
Sin embargo, la oposición denunció que posponer la Ley Aduanera era una maniobra para simular apertura y evitar una revisión profunda de los riesgos de militarizar las aduanas y concentrar el control en manos del Ejecutivo.
Militarización y corrupción en las aduanas
Desde 2021, las Fuerzas Armadas asumieron el control de las aduanas terrestres y marítimas, bajo el argumento de combatir la corrupción. No obstante, analistas y legisladores afirman que la militarización no erradicó las prácticas ilícitas, sino que aumentó la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
Casos recientes de huachicol fiscal y contrabando de combustible, con pérdidas estimadas en cientos de miles de millones de pesos, revelan que el problema persiste. La figura de Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), también ha sido objeto de controversia por presunto enriquecimiento inexplicable, lo que pone en duda los resultados de la estrategia.
Balance general y consecuencias
La decisión de posponer la Ley Aduanera hasta 2026 busca dar tiempo a la adecuación tecnológica y operativa, según el gobierno. Sin embargo, para la oposición y varios sectores empresariales, la reforma amenaza con afectar a pequeñas empresas y agentes aduanales que cumplen con sus obligaciones fiscales.
El debate deja en evidencia un patrón recurrente en el Congreso: reformas aprobadas con prisas, sin revisión técnica y con tintes políticos, que refuerzan la percepción de militarización sin transparencia.
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