Después de una jornada de 14 horas de confrontaciones, carteles, una cubeta de chapopote y acusaciones cruzadas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen recibió 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención en la votación en lo particular. Un día antes, en lo general había obtenido 377 votos a favor y 102 en contra, con mayoría calificada, gracias al bloque formado por Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
Plan B pasa en lo particular, no sin esfuerzo
El dictamen plantea topes al presupuesto anual de los congresos locales, la reducción del número de regidurías con un máximo de 15 funcionarios, la eliminación de prestaciones como seguros de gastos médicos privados, pensiones, cajas de ahorro y otros beneficios a funcionarios de órganos electorales y tribunales.
El presupuesto del Senado tendrá ajustes progresivos durante cuatro ejercicios fiscales con una reducción acumulada equivalente al 15% en términos reales respecto al presupuesto base de 2026, sin afectar derechos laborales del personal.
La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Una vez remitida a los congresos estatales, requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas locales para entrar en vigor.
El Plan B que llegó sin su columna vertebral
El recorrido de esta reforma arrancó en el Senado, donde el PT condicionó su voto a eliminar todo lo referente a la revocación de mandato. La propuesta original de Sheinbaum buscaba adelantar ese proceso para que coincidiera con las elecciones de 2027. Morena aceptó.
La iniciativa llegó a la Cámara de Diputados modificada y, según varios legisladores, sin su “columna vertebral” original. Aun así, el bloque oficial la respaldó.
MC votó a favor… y luego en contra
El episodio más llamativo de la jornada lo protagonizó Movimiento Ciudadano (MC). La bancada naranja respaldó el dictamen en lo general, pero durante la votación de las reservas en lo particular cambió su postura y votó en contra.
El diputado emecista Pablo Vázquez había justificado el voto inicial con un argumento escueto: su partido no sería “un obstáculo para combatir el derroche en las instituciones públicas”. Sin embargo, la posición no resistió la discusión artículo por artículo.
La oposición no lo ve viable
PAN y PRI mantuvieron el rechazo desde el arranque. Diputados de ambos partidos recriminaron a Morena y sus aliados, incluido el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no haber incorporado sanciones contra políticos y partidos con vínculos con el crimen organizado o financiamiento ilícito.
El morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo resumió sin rodeos ante la oposición: “No va a haber ningún plan que les guste ni el plan A ni el B ni el C”.
El PAN y el PRI argumentaron que la reforma debilita el federalismo, modifica las reglas de los ayuntamientos indígenas sin consultar a los pueblos originarios y elude el problema real de la infiltración del crimen organizado en los comicios.
La reforma se va de gira
Con el Plan B aprobado en lo particular, el texto regresa a la presidenta para su publicación y después emprende su ruta por los congresos locales. El proceso legislativo federal terminó; el territorial apenas empieza.
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